El Poder Ejecutivo nacional dispuso este miércoles la inclusión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), al declarar a esa estructura militar como organización terrorista. La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente y entrará en vigencia de manera inmediata.

La medida se fundamenta en investigaciones judiciales y en informes de inteligencia que, según detalló el comunicado oficial, señalan a la Guardia Revolucionaria como responsable directo de los dos mayores ataques terroristas perpetrados en la historia argentina. El 17 de marzo de 1992, un coche bomba voló la Embajada del Estado de Israel en Buenos Aires, dejando 29 víctimas fatales y más de 200 heridos. Dos años después, el 18 de julio de 1994, otro atentado con explosivos destruyó la sede de la AMIA, con un saldo de 85 muertos y más de 300 lesionados.

De acuerdo con la información oficial, ambos atentados fueron planificados, financiados y ejecutados con la participación directa de altos funcionarios del régimen de Irán y de operativos de la Guardia Revolucionaria, a través de la organización Hezbollah. La Justicia argentina, en tanto, mantiene vigentes alertas rojas emitidas por Interpol contra ciudadanos iraníes vinculados a la causa, entre ellos Ahmad Vahidi, ex ministro de Defensa de Irán y actual responsable del CGRI.

La declaración fue elaborada en forma conjunta por la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. Según trascendió, los organismos trabajaron sobre informes que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional atribuidas a la Guardia Revolucionaria, con impacto en territorio argentino.

La incorporación al RePET permitirá al Estado aplicar sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de maniobra de la organización dentro del país, así como a resguardar el sistema financiero local de posibles usos vinculados al financiamiento ilícito.

El presidente Javier Milei sostuvo que con esta decisión se busca saldar una “deuda histórica” de más de tres décadas con las víctimas de los atentados. El mandatario reafirmó el compromiso del Gobierno en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado y enmarcó la medida en el alineamiento de la Argentina con lo que definió como “la civilización occidental frente a quienes buscan destruirla”.