La Legislatura de Tucumán recibió un nuevo proyecto para transformar el Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) en una política de Estado. La iniciativa, impulsada por cuatro legisladores del oficialismo, pretende que el subsidio al transporte para alumnos de instituciones públicas y parroquiales deje de depender exclusivamente de decisiones administrativas y se consolide como una ley de cumplimiento obligatorio para todas las gestiones futuras.

El texto, al que accedió este medio, sostiene que la continuidad educativa en una provincia con vastas distancias rurales y urbanas no puede quedar sujeta a la discrecionalidad de cada gobierno. “El Estado tiene la obligación indelegable de remover cualquier obstáculo económico que impida a un niño o joven llegar a su escuela”, señala uno de los fragmentos.

Una política que nació en la Legislatura

El beneficio tuvo su origen en una iniciativa que el actual gobernador, Osvaldo Jaldo, impulsó cuando presidía la Legislatura. Luego se convirtió en un programa ejecutado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, los autores del nuevo proyecto advierten que, al no tener rango legal, su continuidad podría verse afectada por cambios de gestión o decisiones circunstanciales. Por eso buscan “estabilidad institucional y previsibilidad en el tiempo”.

La propuesta es encabezada por Roberto Moreno, quien sumó las firmas de Patricia Lizárraga, Paula Galván y Roque Argañaraz. Todos pertenecen al bloque oficialista.

Antecedentes que no prosperaron

No es la primera vez que se intenta dar rango de ley al BEG. En 2022, dos proyectos paralelos —uno impulsado por un grupo de legisladores peronistas entre los que figuraba Darío Gonzalo Monteros, actual intendente de Banda del Río Salí, y otro del entonces legislador radical José María Canelada— perdieron estado parlamentario sin llegar al recinto.

El único antecedente exitoso data de enero de 2020, cuando la Legislatura sancionó una resolución que expresaba su beneplácito por la implementación del beneficio decidida por Jaldo, pero sin carácter de ley.

El articulado y su impacto en el interior

El proyecto establece que el BEG cubrirá el costo del transporte público entre el domicilio y el establecimiento educativo. Incluye una cláusula específica para garantizar la accesibilidad de estudiantes con discapacidad. Aclara que no se crea un nuevo beneficio ni se amplía la población destinataria, sino que se busca “reconocer mediante una norma legal una política pública que ya ha demostrado su impacto positivo”.

Los legisladores destacan que la medida es estratégica para el interior provincial, donde la distancia entre el hogar y la escuela suele ser el principal factor de deserción. De aprobarse, la autoridad de aplicación deberá presentar anualmente un informe con los recursos invertidos y el alcance territorial.