El escenario político de Tucumán muestra en los últimos días un incremento de acciones legales impulsadas por funcionarios y dirigentes contra periodistas, en una dinámica que reaviva el debate sobre la libertad de expresión en la provincia. Las cartas documento enviadas a comunicadores, junto con denuncias públicas de persecución judicial, configuran un contexto de creciente confrontación.

Uno de los casos recientes tiene como protagonista al periodista y licenciado en Ciencias Políticas Enzo Ferreira, quien informó que recibió una carta documento del ministro del Interior de la provincia, Darío Monteros. La notificación se produjo luego de la difusión de un video en el que el comunicador expone una serie de cuestionamientos vinculados a la gestión del funcionario.

Según explicó Ferreira, en el material audiovisual se alude a una presunta investigación por un desfalco de 17 mil millones de pesos en el municipio de Banda del Río Salí. Asimismo, menciona publicaciones en estados de WhatsApp atribuidas al ministro que, de acuerdo a su interpretación, tienen relación con el episodio de violencia que involucró al diputado Federico Pelli.

El hecho al que se hace referencia corresponde a una agresión sufrida por el parlamentario, quien fue golpeado por una persona identificada como “Pichón” Segura, señalado como empleado de Monteros. De acuerdo a lo difundido, el ataque ocurrió cuando Pelli trasladaba donaciones destinadas a familias afectadas por inundaciones en la localidad de Lamadrid.

En el mismo video, Ferreira también cuestiona la estructura administrativa del Ministerio del Interior, al señalar la presunta designación de 135 asesores con rango jerárquico, lo que implicaría —según su planteo— un elevado costo anual para las arcas provinciales. A esto se suma una referencia a fondos destinados al denominado plan “prelluvia”, respecto del cual sostiene que no se habrían ejecutado obras suficientes, a partir de los anegamientos registrados tras recientes lluvias.

Tras la difusión del contenido, Monteros respondió mediante una carta documento en la que rechaza las afirmaciones del periodista y las califica como falsas. Ferreira, quien además fue candidato suplente a diputado nacional por La Libertad Avanza en 2025 y actualmente se desempeña como coordinador de Radio Nacional Tucumán, hizo pública la situación a través de sus redes sociales.

Este episodio se suma a otros antecedentes recientes, entre ellos una carta documento enviada a la diputada nacional Soledad Molinuevo en relación con el mismo caso vinculado a Pelli y Segura.

García Hamilton denuncia persecución judicial por parte del diputado Cisneros

En paralelo, el periodista Germán García Hamilton, del portal “El Federalista”, denunció públicamente que enfrenta acciones legales impulsadas por el diputado nacional Carlos Cisneros. A través de publicaciones en la red social X, el comunicador calificó la situación como una “grotesca persecución judicial”.

“El diputado nacional Carlos Cisneros y sus laderos han iniciado una grotesca persecución judicial en mi contra y otros periodistas. Sabemos que es una lucha desigual pero vamos a ir hasta el final”, expresó.

En otro tramo de sus publicaciones, García Hamilton sostuvo: “Sabemos que tiene un ejército de abogados a su servicio para evitar cualquier difusión de sus cuestionadas estrategias y desmanejos”. Además, afirmó que el dirigente “ha optado por perseguir a quienes difunden” información en su contra, en lugar de refutar las denuncias por vías institucionales.

El periodista también remarcó su postura frente al conflicto: “Vamos a ir hasta el final. No nos va a amedrentar”, escribió, al tiempo que aseguró haber publicado documentación que —según indicó— comprometería al parlamentario.

Un clima que enciende alertas sobre la libertad de expresión

Los hechos registrados en distintos ámbitos de la provincia dejan al descubierto una tendencia cada vez más visible: vuelan las cartas documento en Tucumán y se ha vuelto frecuente la denuncia de dirigentes políticos contra periodistas que difunden información o formulan cuestionamientos.

En este contexto, el uso reiterado de herramientas legales contra comunicadores instala un debate de fondo sobre los límites del poder político frente al ejercicio del periodismo y el riesgo de que estas prácticas terminen afectando el normal desarrollo de la libertad de expresión.