La investigación por la presunta retención indebida de más de $19.300 millones en impuestos y aportes por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ingresó en una etapa decisiva. El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, elevó un dictamen en el que se opone a los pedidos de sobreseimiento presentados por el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, y otros cuatro dirigentes implicados.

El dictamen del representante del Ministerio Público, al que tuvo acceso Clarín, cuestiona los argumentos centrales esgrimidos por las defensas, que sostienen que no hubo delito porque los pagos se realizaron fuera de término pero amparados en normativas que suspendieron la ejecución de deudas fiscales.

La diferencia clave: suspensión no es perdón

Pérez Barberá fue contundente al marcar la distinción central del caso. "Que el Estado haya frenado temporalmente los mecanismos de ejecución no significa que la deuda deje de existir ni que los plazos hayan sido modificados", señaló en su presentación ante la Cámara.

El fiscal remarcó que, en caso de que se haya retenido dinero correspondiente al fisco y no se lo haya depositado en tiempo y forma, esa conducta no queda sin efecto por una decisión administrativa de diferir las ejecuciones. A su entender, el vencimiento de las obligaciones y la falta de pago en término son elementos clave dentro de la investigación.

Los argumentos de las defensas

La causa apunta a determinar si la AFA incurrió en apropiación indebida de tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, en concepto de IVA, impuesto a las ganancias y aportes patronales. Además de Tapia, están involucrados el tesorero Pablo Toviggino, el gerente general Gustavo Lorenzo y los dirigentes Cristian Malaspina y Víctor Blanco.

Las defensas no niegan que los pagos se hayan efectuado fuera de plazo. Sin embargo, argumentan que no existía obligación inmediata de cancelarlos debido a resoluciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Ministerio de Economía. Esas normativas establecían la imposibilidad de ejecutar deudas fiscales de asociaciones civiles sin fines de lucro durante determinado período, lo que, según los imputados, suspendía la exigibilidad de los pagos.

La respuesta fiscal

Pérez Barberá rechazó esa interpretación. En su dictamen sostuvo que esas normas no modificaron los plazos de pago ni eliminaron la obligación, sino que únicamente regularon la posibilidad de iniciar acciones de cobro por parte del organismo recaudador. Recordó que el incumplimiento de una obligación tributaria genera consecuencias desde el momento mismo de su vencimiento, como el devengamiento de intereses.

El planteo de las defensas ya había sido desestimado en primera instancia por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien ahora deberá resolver la situación procesal de los imputados tras las indagatorias realizadas la semana pasada.

La palabra de Tapia

Durante su indagatoria, Tapia sostuvo que no tiene intervención directa en las cuestiones tributarias de la AFA. Según explicó, su rol como presidente está enfocado en lo institucional y en la representación del organismo ante entidades como la FIFA y la Conmebol, y no en la gestión administrativa o financiera cotidiana.

El próximo paso en la Cámara

El dictamen del fiscal Pérez Barberá será evaluado ahora por la Cámara en lo Penal Económico, integrada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio. El tribunal deberá definir si hace lugar o no a los pedidos de sobreseimiento. Para ello, espera contar con todos los argumentos de las partes, aunque una de las defensas solicitó una prórroga para presentar su posición.

Con este escenario, la causa contra la cúpula de la AFA entra en una etapa clave, a la espera de definiciones judiciales que podrían marcar el rumbo del proceso.