El gobierno argentino obtuvo un nuevo respiro en el litigio internacional por la expropiación de YPF. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió este miércoles suspender todas las demandas vinculadas al caso hasta que se expida sobre el fondo de la apelación presentada por el Estado nacional. La medida fue solicitada por el flamante procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, en sus primeras horas al frente del organismo.

La decisión judicial implica que, por el momento, ningún tribunal podrá avanzar con medidas relacionadas a la ejecución de la sentencia dictada contra Argentina en 2023, que condenó al país al pago de una cifra millonaria por la expropiación de la petrolera. Tampoco podrán continuar las investigaciones adicionales ni los procedimientos de descubrimiento de pruebas (discovery) que estaban en curso.

Un freno con implicancias clave

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito es el tribunal que tiene en sus manos la posibilidad de confirmar, modificar o revocar el fallo de primera instancia. Por eso, su decisión de conceder la suspensión de todos los procesos vinculados es interpretada como un gesto significativo.

"Esta decisión podría indicar que el fallo de la cuestión de fondo podría conocerse dentro de poco tiempo, aunque la cámara no tiene plazo para hacerlo", explicó Sebastián Maril, analista de LATAM Advisors. El especialista recordó que "la audiencia de apelación por el fallo madre había sido en octubre del año pasado, y desde entonces están esperando".

En ese sentido, Maril interpretó la medida como una posible señal de los magistrados. "Esto puede ser una señal de que los mismos jueces de la Cámara van a resolver el tema, y van a laudar sobre la cuestión de fondo. Como la van a decidir pronto, dicen, 'no tiene sentido seguir con toda una serie de audiencias que estaban previstas en el contexto del discovery'", agregó.

El rol del nuevo procurador

El pedido de suspensión fue presentado por Sebastián Amerio en sus primeros días al frente de la Procuración del Tesoro, en lo que constituye su primera intervención de peso en el conflicto judicial internacional. La solicitud apuntaba a frenar el avance de investigaciones y procedimientos en torno a la ejecución de la sentencia, un frente que el gobierno buscaba despejar mientras espera el fallo definitivo.

La respuesta favorable de la justicia estadounidense le permite a la administración nacional ganar tiempo y evitar que se avance en medidas que podrían complicar aún más la situación financiera del país.

El largo camino del juicio por YPF

La causa se originó tras la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012, cuando la petrolera era controlada por la española Repsol. Un grupo de fondos de inversión demandó al Estado argentino ante la justicia de Estados Unidos, argumentando que la medida había sido discriminatoria y violaba el estatuto de la compañía.

En 2023, un tribunal de primera instancia condenó a Argentina al pago de una suma millonaria, que con intereses podría superar los 16.000 millones de dólares. El gobierno apeló la decisión, y desde entonces el caso espera resolución en la Cámara del Segundo Circuito.

La suspensión de los procesos derivados no implica un fallo favorable, pero sí una pausa que permite al equipo legal argentino concentrarse en la apelación principal sin la presión de procedimientos paralelos.