El ex empresario de la construcción Lázaro Báez obtuvo un sobreseimiento parcial en la causa por evasión fiscal vinculada a su empresa Austral Construcciones, en una decisión que alcanza también a otras once personas acusadas en el mismo expediente. El fallo, dictado por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3, se sustentó en la aplicación de la Ley de Inocencia Fiscal, una normativa impulsada por el gobierno de Javier Milei y aprobada por el Congreso de la Nación.

La resolución judicial beneficia a Báez y a los otros imputados por los períodos fiscales alcanzados por la nueva legislación, que establece la extinción de la acción penal para aquellos casos que cumplan con determinados requisitos y pisos establecidos en la ley. Sin embargo, el sobreseimiento no es total: el ex dueño de Austral Construcciones deberá enfrentar un juicio oral por la deuda correspondiente al año 2012, que quedó excluida del beneficio.

El alcance del beneficio

Fuentes judiciales explicaron que la Ley de Inocencia Fiscal fijó límites temporales y montos mínimos que determinan qué casos pueden acogerse a la extinción de la acción penal. En el caso de Báez, los períodos distintos a 2012 quedaron comprendidos dentro de esos parámetros, mientras que el ejercicio fiscal de ese año supera los umbrales establecidos o no cumple con las condiciones previstas por la normativa.

La decisión del tribunal alcanza a un amplio grupo de personas vinculadas a la causa. Además de Lázaro Báez, fueron sobreseídos sus hijos Martín, Leandro y Luciana Báez, así como César Andrés, Julio Mendoza, Claudio Bustos, Mario Delgado, Eduardo Arrejín, Tomás Garzón, María C. González, Gastón Lemoine, Ariel Nieto, Hugo Uribe y Emilio Martín.

El contexto de la Ley de Inocencia Fiscal

La Ley de Inocencia Fiscal fue una de las iniciativas centrales de la administración Milei en materia de política penal tributaria. La norma establece condiciones para la extinción de acciones penales en casos de evasión, siempre que los contribuyentes regularicen su situación y cumplan con los requisitos fijados por la legislación.

En los fundamentos de la ley, el gobierno sostuvo que la medida busca "incentivar el cumplimiento tributario y reducir la litigiosidad penal", al tiempo que permite al Estado recuperar recursos a través de planes de regularización. La oposición, en su momento, cuestionó el alcance de la norma y advirtió sobre posibles beneficios a grandes deudores.

Lo que viene

Con este fallo, Lázaro Báez queda parcialmente desvinculado de la causa por evasión, aunque deberá preparar su defensa para el juicio oral correspondiente al período 2012. Los demás imputados alcanzados por el sobreseimiento quedan liberados de responsabilidad penal en este expediente, siempre que no existan otras causas en su contra por hechos similares no comprendidos en la ley.

El tribunal aún debe fijar la fecha para el debate oral por el ejercicio fiscal excluido, en el que se determinará la responsabilidad de Báez por las deudas de ese año.