El gobierno nacional introdujo un cambio sustancial en el régimen de propiedad intelectual aplicable al sector farmacéutico, al flexibilizar las normas para el otorgamiento de patentes químico-farmacéuticas. La medida, oficializada a través de la Resolución Conjunta 1/2026, fue suscripta por los ministerios de Salud, Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), y responde a compromisos asumidos en el acuerdo comercial con Estados Unidos.

La decisión administrativa implica la derogación de las pautas de patentabilidad que estaban vigentes desde el año 2012 y que establecían limitaciones técnicas para diversas categorías de invenciones en el sector salud. A partir de ahora, el INPI recupera la facultad de evaluar cada solicitud de forma individual, aplicando los requisitos generales de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial previstos en la Ley de Patentes N° 24.481.

El fin de las restricciones sectoriales

La normativa derogada contenía criterios específicos que restringían el otorgamiento de patentes en áreas consideradas sensibles. Por ejemplo, en relación con los polimorfos —diferentes formas cristalinas de una misma sustancia— la guía de 2012 dictaminaba que "tales reivindicaciones no son admisibles" por considerarse una mera identificación de una propiedad de la materia.

También excluía explícitamente a las sales, ésteres y otros derivados, al definirlos como "la misma sustancia ya conocida por el estado de la técnica". Asimismo, rechazaba las patentes de "segunda indicación médica" y de "dosificación/dosis", tratándolas como métodos de tratamiento médico no patentables.

Con el nuevo marco, el análisis de patentabilidad se realizará "caso por caso, teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la Ley N° 24.481", sin las restricciones adicionales que imponía la normativa anterior.

La visión del Gobierno

El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, celebró la medida y la enmarcó en la estrategia de alineamiento con los estándares internacionales. "Con la derogación Argentina se alinea con los estándares internacionales de propiedad intelectual que respetan todos nuestros socios comerciales — incluyendo Estados Unidos, con quien avanzamos en un acuerdo que como contraparte de esta normalización le abre todo su mercado doméstico a nuestra industria farmacéutica", señaló.

Sturzenegger aclaró que la derogación rige hacia adelante y no afecta a los productos farmacéuticos que ya están en el mercado. "No se verán afectados de ninguna manera y podrán seguir comercializándose sin restricciones ni retribución", aseguró.

Fundamentos de la medida

Los considerandos de la resolución sostienen que "el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual es importante para promover la innovación e incrementar la disponibilidad de nuevos productos químico-farmacéuticos". El documento también señala que contar con regímenes de patentamiento de productos farmacéuticos aumenta "la velocidad a la que nuevas drogas son lanzadas a los mercados", incluidos los países en desarrollo.

El Gobierno argumenta que mantener las guías anteriores resultaba inapropiado frente a la "pérdida de beneficios para la sociedad en su conjunto asociados a la innovación". Con el cambio, se busca generar "condiciones de previsibilidad y seguridad jurídica que faciliten la introducción de innovaciones" y contribuyan al bienestar general.

La medida representa un giro significativo en la política de propiedad intelectual del país y abre un nuevo escenario para la industria farmacéutica local, que ahora contará con reglas más flexibles para proteger sus desarrollos y, al mismo tiempo, accederá en mejores condiciones al mercado estadounidense.