El gobierno nacional oficializó este lunes una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por un plazo de 180 días, con el objetivo de auditar la documentación contable, financiera y administrativa de la entidad que conduce Claudio "Chiqui" Tapia. La medida, adoptada por el Ministerio de Justicia a instancias de un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), habilita a dos veedores a revisar balances, contratos y operaciones comerciales, aunque no implica una intervención plena ni altera el funcionamiento cotidiano de la casa madre del fútbol argentino.

Los funcionarios designados para llevar adelante la tarea son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco. Ambos tendrán acceso irrestricto a los libros contables, registros administrativos, soportes documentales y acuerdos comerciales de la AFA, y deberán elaborar un informe final al término del proceso, aunque también podrán presentar reportes parciales si detectan situaciones que consideren urgentes.

El objeto de la veeduría abarca múltiples aspectos de la gestión de la entidad. Entre los puntos que los auditores deberán analizar figuran los estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025, el cumplimiento del depósito de impuestos, aportes y contribuciones previsionales, y la documentación vinculada con la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA). También serán objeto de revisión las relaciones comerciales con firmas y personas que se encuentran bajo observación, entre ellas TourProdEnter LLC, Sur Finanzas, Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo.

El origen del conflicto

La resolución se sustenta en objeciones previas formuladas por la IGJ, que viene reclamando información contable y administrativa a la AFA desde hace meses. Según el organismo de control, la entidad no entregó la documentación requerida sobre el ejercicio 2025 ni sobre la UNAFA, y además intentó fijar su domicilio en la provincia de Buenos Aires, un movimiento que la IGJ calificó como "ficticio" y que, a su juicio, no la exime de su jurisdicción.

El conflicto entre la Casa Rosada y la conducción de la AFA ya había escalado en las últimas semanas. La entidad encabezada por Tapia rechazó públicamente la medida, la calificó como una "veeduría ilegítima", negó la existencia de irregularidades en la presentación de balances y anticipó que buscará frenar cualquier avance por la vía judicial.

Alcances de la veeduría

La decisión adoptada por el Ministerio de Justicia no equivale a una intervención plena, figura que implicaría el desplazamiento de las autoridades de la AFA. En cambio, la veeduría se limita a una auditoría formal que permitirá al gobierno acceder a información sensible sobre el funcionamiento económico y financiero de la entidad. Sin embargo, el resultado de ese proceso podría derivar en nuevos requerimientos, sanciones administrativas o una profundización del conflicto en sede judicial, dependiendo de los hallazgos que los veedores incorporen en sus informes.

Por ahora, la medida abre una etapa de escrutinio sobre uno de los núcleos más sensibles del negocio del fútbol argentino, en un contexto de tensión creciente entre el gobierno nacional y la dirigencia de la AFA. Mientras tanto, los veedores designados ya están en condiciones de iniciar su trabajo, que se extenderá durante los próximos seis meses.