La causa que investiga el femicidio de Érika Antonella Álvarez, ocurrido en enero pasado en Yerba Buena, incorporó en las últimas horas dos elementos que agravan la situación procesal de Felipe "El Militar" Sosa, el principal acusado del crimen. Por un lado, un imputado por encubrimiento declaró ante la fiscalía que Sosa mantenía vínculos con la comercialización de estupefacientes y le habría ofrecido drogas en operaciones millonarias. Por el otro, se denunció que el abogado del sospechoso intentó persuadir a otros procesados para que lo contrataran, con el objetivo de desvincularlos del caso.

Nicolás Navarro Flores, quien está imputado en la causa por encubrimiento, prestó declaración ante el fiscal Pedro Gallo y reveló detalles sobre presuntas actividades ilegales de Sosa vinculadas al narcotráfico. Según su testimonio, el acusado le ofreció en varias oportunidades venderle cocaína en grandes cantidades, con operaciones que podían alcanzar los dos millones de pesos. "Le decía que no tenía esa plata y él siempre me respondía que le tirara algo y después veríamos", relató Navarro Flores ante el fiscal.

El declarante también aseguró que el mismo día del crimen, Sosa le entregó una "piedra" de cocaína, que podría superar los 200 gramos, junto con una caja de herramientas cerrada con candado. Al abrirla, dijo haber encontrado papeles con una sustancia que podría tratarse de drogas sintéticas como MMDA o LSD, habituales en fiestas electrónicas. Pese a estos indicios, los investigadores sostienen que el asesinato de Álvarez no estaría directamente relacionado con el narcotráfico, aunque el expediente dejó al descubierto un entramado de posibles actividades ilícitas paralelas protagonizadas por Sosa.

La joven de 21 años fue asesinada en la madrugada del 7 de enero en una vivienda de Yerba Buena. Su cuerpo fue abandonado horas después en un descampado de Manantial Sur, donde fue hallado al día siguiente. Desde entonces, la investigación se centró en Sosa y su entorno, y en los últimos meses se fueron sumando elementos que complejizan el cuadro acusatorio.

El nuevo testimonio no es el único antecedente que vincula al acusado con el mundo de las drogas. En 2023, personal policial encontró en su domicilio 168 plantas de marihuana y diversos elementos destinados al cultivo. En aquel momento, Sosa fue sobreseído, aunque la fiscalía federal apeló la decisión, que aún no tiene resolución firme.

Paralelamente al avance de la investigación por el femicidio, estalló una denuncia contra el abogado que actualmente representa a Sosa. Navarro Flores denunció que Gustavo López Peña, el letrado, le ofreció asumir su defensa con el objetivo de desligarlo del caso. Según su relato, López Peña le pidió que desplazara a sus abogados actuales, le aseguró que Sosa pagaría los honorarios y le prometió que diseñaría una estrategia para que quedara en libertad. El imputado dijo haber rechazado el ofrecimiento y decidió radicar la denuncia formal.

La misma acusación fue planteada por el defensor de Jorge "Chicho" Díaz, otro de los procesados en la causa. Según ese letrado, López Peña también intentó convencer a su defendido de contratarlo. En la misma línea, los abogados de Justina Gordillo, pareja de Sosa e imputada por encubrimiento, afirmaron que el profesional se comunicó con familiares de la mujer con el mismo propósito.

López Peña asumió recientemente la defensa de Sosa, luego de reemplazar a los abogados que lo representaban inicialmente. Hasta el momento, el letrado no respondió a los pedidos de explicación sobre las denuncias en su contra, que podrían derivar en una investigación paralela por eventuales irregularidades en el ejercicio de la profesión.

Mientras tanto, la causa principal continúa su curso y no se descarta que, además del juicio por el femicidio de Érika Álvarez, se abra una investigación independiente para determinar si Sosa operaba como vendedor de drogas y cuál era el alcance de su presunta participación en esa actividad ilegal.