La Justicia resolvió dictar prisión preventiva por cuatro meses para Marcelo Claudio “Pichón” Segura, acusado de agredir al diputado nacional de La Libertad Avanza, Federico Pelli, durante un episodio ocurrido en la localidad de La Madrid. La decisión fue tomada por el juez Raúl Robin Márquez, quien dispuso que el imputado permanezca detenido en el complejo penitenciario de Benjamín Paz mientras continúa la investigación.

La causa fue calificada como lesiones graves agravadas por alevosía en calidad de autor y está vinculada con el ataque sufrido por el legislador mientras participaba en tareas de asistencia a personas afectadas por las inundaciones en la zona.

El magistrado consideró acreditados riesgos procesales que justifican la medida cautelar, tanto por la posibilidad de fuga como por la eventual interferencia en la investigación. En su resolución, el juez también describió el episodio como un hecho de extrema violencia con impacto institucional.

Cómo ocurrió el ataque

Durante la audiencia, realizada de manera virtual, los representantes del Ministerio Público Fiscal expusieron la reconstrucción del hecho.

Los fiscales Gabriela Ghilardi y Juan José Ibañez indicaron que el ataque se produjo cuando el diputado caminaba por la Ruta Nacional 157 entregando provisiones a personas afectadas por el temporal.

Según la acusación, Segura se acercó al legislador y le propinó un cabezazo sorpresivo mientras este llevaba bolsas con donaciones en sus manos.

El estado de salud del diputado

Federico Pelli siguió la audiencia desde la clínica donde permanece internado tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido.

El diputado sufrió fracturas múltiples en el tabique nasal y en los huesos propios de la nariz, además de un traumatismo encéfalo craneano leve.

Debido a las complicaciones derivadas de la cirugía en su rostro, el legislador no pudo intervenir durante la audiencia judicial.

La declaración del acusado

Durante su testimonio, Marcelo Segura reconoció haber golpeado al diputado y pidió disculpas por lo ocurrido.

También expresó su intención de reparar económicamente el daño causado.

No obstante, el imputado sostuvo que su reacción estuvo motivada por una supuesta provocación.

“Yo no sabía que era diputado, no lo conozco, pero me dio bronca porque llegaron a las risotadas y con arrogancia, eso me ofuscó y me sacó”, afirmó.

Segura agregó que reaccionó después de que, según su versión, el legislador le dijera “negro chorro”.

El acusado también explicó que se encontraba afectado emocionalmente luego de haber colaborado durante varios días con los damnificados por las inundaciones.

“Uno estaba todo el día anterior, toda esa noche, todo ese día colaborando, mojado, embarrado... no me parecía la actitud de que aparezcan con unas cuantas cosas, buscando con cámara para que le saquen foto”, sostuvo.

Antecedentes y elementos de la investigación

Durante la audiencia, la fiscalía informó que Segura posee un antecedente judicial de 1997 por portación de armas de guerra.

También se indicó que en un allanamiento realizado recientemente en su domicilio, ubicado en El Cadillal, se encontraron municiones de escopeta y balas de revólver.

En ese procedimiento no se logró localizar el teléfono celular del acusado, un elemento que los investigadores consideran relevante para el avance de la causa.

El Ministerio Público Fiscal sospecha que el dispositivo podría haber sido entregado a un efectivo policial antes de que el imputado fuera trasladado tras su detención.

Segura, por su parte, sostuvo que perdió el teléfono en el lugar donde ocurrió el ataque.

“A mí particularmente me cuesta creer de que lo haya perdido... posiblemente luego de la apertura del mismo se podrá obtener información valiosa respecto del hecho o descartar también la comisión de algún otro tipo de delito”, señaló el fiscal Ibañez.

La defensa pidió arresto domiciliario

El abogado defensor Ernesto Baaclini solicitó que su defendido permanezca bajo arresto domiciliario en lugar de cumplir prisión preventiva.

La propuesta contemplaba la utilización de un dispositivo de monitoreo electrónico o la presencia de una custodia policial permanente.

El letrado argumentó que Segura se presentó voluntariamente ante las autoridades y que no existe riesgo de fuga.

“Mi defendido ya le ha determinado cuál es el domicilio a usted. Además, señor juez, no existe el peligro de fuga y tampoco existe el peligro de tratar de entorpecer la investigación”, expresó.

El magistrado rechazó esa solicitud. Entre los motivos mencionó la falta de informes técnicos que confirmen la disponibilidad de pulseras electrónicas y cuestionó la posibilidad de asignar custodia policial, dado que se investiga la posible participación de efectivos en la desaparición del celular del imputado.

Situación laboral del imputado

Durante la audiencia, Segura indicó que trabaja como empleado público en la Comuna de Los Bulacio.

Sin embargo, cuando fue consultado por la querella acerca de sus funciones específicas y su relación laboral con autoridades políticas, el acusado optó por no responder más preguntas por recomendación de su defensa.

Apelación de la defensa

Tras conocerse la decisión judicial, la defensa presentó un recurso de impugnación contra la prisión preventiva.

El abogado Baaclini cuestionó tanto la calificación del delito como el plazo de detención dispuesto por el juez.

“No puede extenderse una prisión preventiva en un plazo de cuatro meses... el hecho ya está determinado quién es el autor por confesión del autor”, afirmó.

El magistrado admitió el recurso para que sea analizado por el órgano revisor, que deberá resolver si confirma o modifica la medida adoptada en esta etapa del proceso.