La investigación por la agresión sufrida por el diputado nacional Federico Agustín Pelli en la Ruta Nacional 157, a la altura de la localidad de La Madrid, podría pasar al fuero federal luego de una resolución dictada por el Juzgado Federal N°2 de Tucumán, que solicitó formalmente la inhibición de la justicia provincial.
La medida fue adoptada tras un planteo del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz y quedó plasmada en una resolución firmada el 12 de marzo de 2026 por el tribunal federal que encabeza el juez Fernando Luis Poviña.
El expediente investiga la presunta agresión cometida por Marcelo Claudio Segura, conocido públicamente como “Pichón” Segura, contra el legislador nacional. El episodio ocurrió el 11 de marzo sobre la Ruta Nacional 157, en el sur de la provincia.
Pedido de la Justicia Federal para asumir la investigación
En la resolución, el tribunal dispuso librar un oficio inhibitorio a la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, dependiente del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, para que se abstenga de continuar interviniendo en la causa y remita todas las actuaciones al juzgado federal.
La investigación se encuentra actualmente caratulada como “Segura, Marcelo Claudio s/ Lesiones Graves – víctima: Pelli, Federico Agustín”, bajo el legajo c-002437/2026.
El planteo del Ministerio Público Fiscal Federal sostiene que la competencia debería corresponder al fuero federal debido a dos factores centrales: el lugar donde ocurrió el hecho —una ruta nacional— y la condición institucional de la víctima, en su carácter de diputado nacional.



Argumentos jurídicos del planteo
En el análisis de la cuestión, el tribunal también menciona el principio constitucional conocido como non bis in idem, que establece que una persona no puede ser perseguida penalmente más de una vez por el mismo hecho.
El fiscal federal argumentó que concentrar la investigación en una sola jurisdicción permitiría evitar la dispersión de causas relacionadas con el mismo episodio, lo que favorecería una mejor administración de justicia.
Asimismo, la resolución cita el artículo 45 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece los mecanismos mediante los cuales pueden plantearse conflictos de competencia entre tribunales.
La normativa prevé que las partes pueden promover estas cuestiones a través de dos vías: la inhibitoria, ante el tribunal que consideran competente, o la declinatoria, ante el tribunal que consideran incompetente. También contempla que los tribunales puedan iniciar estos planteos de oficio cuando existan actuaciones que lo justifiquen.
Situación del expediente en la justicia provincial
Según consta en la resolución judicial, desde la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción informaron que en el marco del expediente no se había presentado hasta ese momento ningún planteo de declinatoria de competencia.
Ante ese escenario, el Juzgado Federal N°2 decidió avanzar con el pedido formal para que la fiscalía provincial se inhiba de intervenir y remita todas las actuaciones a la jurisdicción federal.
El expediente judicial tramita bajo el número 4828/2026 y se refiere a la presunta comisión del delito de lesiones graves, previsto en el artículo 90 del Código Penal.
Expectativa por la definición judicial
En el ámbito judicial trascendió que la cuestión de competencia podría resolverse en los próximos días. Según fuentes vinculadas al caso, el lunes se conocería una definición sobre si la causa continuará definitivamente en el fuero federal o permanecerá en la justicia provincial.
Mientras tanto, el episodio continúa generando repercusiones políticas en Tucumán.
En ese contexto, distintos trascendidos mencionan que el presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, estaría influyendo en el tratamiento del tema. Otras versiones, también surgidas en el ámbito político, apuntan al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli.
Hasta el momento, sin embargo, no existen confirmaciones oficiales respecto de esas versiones ni pronunciamientos públicos de los dirigentes mencionados en relación con la causa judicial.
La definición sobre la jurisdicción que continuará investigando el hecho ocurrido el 11 de marzo en la Ruta 157 será uno de los próximos pasos clave para el avance del expediente.
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