La Dirección de Comercio Interior de Tucumán aplicó una sanción económica de 10.015.145,84 pesos a Prisma Medios de Pago, la empresa que opera el sistema de tarjetas Visa, por violar el artículo 19 de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, que establece la obligación de los proveedores de respetar las condiciones bajo las cuales prestan sus servicios. La multa se originó a partir de la denuncia de una vecina del departamento Monteros que sufrió consumos no reconocidos en su plástico y nunca obtuvo una respuesta satisfactoria por parte de la compañía.

El caso comenzó cuando María Teresita del Valle Bravo, la usuaria afectada, detectó en sus resúmenes una serie de operaciones que no había realizado. Los cargos aparecían a nombre de "Desarrollos Manufact" y correspondían a tres compras financiadas en seis cuotas: una de 79.200 pesos, otra de 39.339,96 pesos y una tercera de 18.000 pesos. Según consta en el expediente administrativo, la tarjeta no fue presentada en ninguno de esos movimientos, lo que indicaba un uso no autorizado del plástico o de sus datos.

La denunciante inició entonces una larga recorrida por los canales de atención al cliente de la empresa. Entre los reclamos presentados se encuentra el número 63147760, que quedó registrado sin que nunca se le diera una solución concreta. Incluso luego de solicitar el cambio de tarjeta en más de una oportunidad, los consumos continuaron apareciendo en los resúmenes, lo que evidenciaba la persistencia del problema y la falta de controles efectivos por parte de la operadora.

Ante la ausencia de respuestas, Bravo recurrió a la Dirección de Comercio Interior, dependencia que inició un procedimiento administrativo para determinar responsabilidades. Durante la tramitación del expediente, Prisma Medios de Pago no compareció a la audiencia de conciliación convocada por el organismo, lo que fue interpretado como una falta de voluntad para resolver el conflicto. Esa incomparecencia derivó en una multa adicional por desacato a los mecanismos administrativos, que se sumó a la sanción principal por la violación a la ley de defensa del consumidor.

El director de Comercio Interior, Manuel Canto, explicó los alcances de la medida y la ubicó en el marco de una política provincial de protección a los usuarios. "Seguimos trabajando bajo los lineamientos del gobernador Osvaldo Jaldo, del ministro Regino Amado y del subsecretario Juan Carlos Bernard, con una premisa clara: defender a los tucumanos y hacer cumplir la ley frente a cualquier empresa que vulnere los derechos de los consumidores", afirmó el funcionario.

La resolución no se limita al aspecto económico. Como medida accesoria prevista en la normativa vigente, la empresa sancionada deberá publicar la parte dispositiva del fallo en un diario de mayor circulación de la provincia. Esa publicación busca dar a conocer la sanción a la comunidad y operar como un mecanismo de reparación simbólica frente a la afectación sufrida por la denunciante.

El caso sienta un precedente en la provincia en materia de reclamos contra entidades financieras y empresas de medios de pago, un sector en el que los consumidores suelen enfrentar dificultades para hacerse escuchar ante la estructura corporativa de las compañías. La sanción millonaria busca, justamente, equilibrar esa asimetría y enviar una señal clara sobre las consecuencias de ignorar los derechos de los usuarios.