El conflicto desatado entre el gremio de colectiveros y un empresario del transporte durante el paro nacional del 19 de febrero sumó un nuevo capítulo en el plano legal. El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Tucumán, César González, notificó mediante carta documento al propietario de la empresa San Pedro de Colalao y de la Línea 8, Sergio Gómez Sansone, para que en un plazo de 24 horas ratifique o rectifique las declaraciones públicas que realizó en el marco de aquella jornada de protesta.

El texto de la carta documento lleva la firma de González y apunta directamente contra las expresiones vertidas por el empresario durante el día del paro y en jornadas posteriores. En sus declaraciones, difundidas a través de videos y publicaciones en redes sociales —principalmente Instagram— y replicadas por distintos medios de comunicación, Gómez Sansone denunció presuntas amenazas, daños materiales y hechos de violencia que, según su versión, tuvieron como objetivo impedir la circulación de sus unidades durante la medida de fuerza convocada por la CGT en rechazo a la reforma laboral impulsada a nivel nacional.

En la misiva, el dirigente sindical sostiene que esas manifestaciones fueron dirigidas "en contra de los Delegados del Gremio Unión Tranviarios Automotor, Seccional Tucumán, y en especial en contra de mi persona". Por ese motivo, el escrito emplaza formalmente al empresario a expedirse sobre sus dichos y concluye con una notificación categórica: "Queda Ud. debidamente notificado e intimado".

El origen de la disputa: un paro, una empresa que operó y una denuncia de "patota"

La controversia se originó el 19 de febrero, en una jornada signada por el paro general en todo el país. Mientras la mayoría de las empresas del transporte adhirieron a la medida, San Pedro de Colalao y la Línea 8 resolvieron continuar prestando servicio, lo que generó una fuerte tensión en distintos puntos de la capital tucumana.

Gómez Sansone difundió entonces un video a través de la cuenta oficial de Facebook de la empresa en el que se lo observa intentando salir desde la terminal con un colectivo, encontrándose con cinco hombres sentados frente al vehículo. En las imágenes se registra un intercambio verbal en el que el empresario reclama que lo dejen trabajar, mientras los presentes aseguran que solo dialogaban con los choferes. Desde la firma denunciaron que los empleados habrían sido intimidados para no conducir durante la medida.

En sus declaraciones públicas, el empresario amplió las acusaciones: afirmó que las unidades sufrieron daños, que se arrojaron objetos contra los colectivos para romper vidrios y que se destrozaron neumáticos para impedir los denominados "servicios de cabecera". Gómez Sansone aseguró contar con registros fílmicos y patentes identificadas de los vehículos involucrados, y atribuyó los hechos a una presunta "patota sindical" vinculada a César González. En ese marco, también mencionó a la Mutual 12 de Junio como parte del entramado denunciado.

El empresario remarcó que no es la primera vez que mantiene conflictos con el gremio y justificó su decisión de operar durante el paro en la necesidad de sostener la actividad, preservar los 150 puestos de trabajo de la firma y garantizar el traslado de miles de pasajeros mensuales, en especial en las líneas rurales. Además, anticipó en ese entonces que llevaría el caso ante la Justicia.

Con la carta documento ya notificada, el conflicto entre el gremio y la empresa suma ahora un capítulo formal que podría derivar en acciones legales si no media una rectificación por parte del empresario. El cruce entre ambas partes abre un nuevo frente de tensión en el sistema de transporte provincial.