En un fallo que pone fin a más de una década de disputas judiciales, el juez federal 2 de Catamarca, Guillermo Andrés Díaz Martínez, homologó este viernes el acuerdo conciliatorio alcanzado entre la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). La resolución judicial, emitida en el marco del expediente que tramitó ante ese tribunal, sella el entendimiento firmado en diciembre pasado y otorga carácter de cosa juzgada a los nuevos términos de la explotación minera y la distribución de sus utilidades.

El origen del conflicto se remonta a 2008, cuando un convenio firmado por el entonces rector Juan Alberto Cerisala modificó el reparto histórico de las ganancias establecido por la ley de creación de YMAD en 1958. Esa normativa original destinaba el 60% de las utilidades a la provincia de Catamarca y el 40% restante a la UNT, con el objetivo específico de financiar la construcción de la Ciudad Universitaria. El acta de 2008, sin embargo, redirigió parte de esos fondos hacia otras universidades y otorgó a la UNT un porcentaje de libre disponibilidad, lo que fue impugnado por la propia casa de estudios años más tarde.

La demanda presentada por la UNT buscó declarar la nulidad de aquel acta y reclamó la restitución del 40% íntegro de las utilidades. Durante el litigio, y por disposición de la Cámara de Apelaciones, el 20% correspondiente a otras universidades permaneció depositado en plazo fijo a la espera de una resolución definitiva.

El camino hacia el acuerdo comenzó a allanarse el 15 de diciembre pasado, cuando el rector de la UNT, Sergio Pagani, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, rubricaron un entendimiento que buscaba recomponer la relación y dar por terminado el pleito. Apenas unas semanas después, el 6 de enero, el Poder Ejecutivo nacional, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, formalizó la salida del Estado Nacional de la conducción y administración de YMAD, transfiriendo la gestión operativa a la provincia de Catamarca en el marco de la política de reducción de la estructura estatal.

El acuerdo conciliatorio ahora homologado establece puntos centrales para el futuro de la minería en la región y el destino de los recursos. En primer lugar, se retrotrae la distribución de utilidades al esquema original del 40% para la UNT, tal como lo fija la ley 14.771. A su vez, se valida el "Acta interpretativa" firmada en 2024 y se fija un crédito destinado a la Ciudad Universitaria equivalente a la construcción de 135.000 metros cuadrados. Una vez cumplida esa meta, el reparto de las ganancias se distribuirá en un 60% para Catamarca, un 20% para la UNT y el 20% restante para otras universidades.

Además, el convenio dispone que los fondos que estaban depositados judicialmente sean entregados a la UNT. Como contrapartida, la universidad deberá constituir un fondo de garantía, equivalente al 8% de las utilidades que perciba, para responder ante eventuales reclamos.

En su resolución, el juez Díaz Martínez destacó que la conciliación celebrada por las partes no vulnera el orden público y, por lo tanto, es susceptible de homologación judicial. El magistrado también hizo hincapié en que la demanda original de la UNT cuestionaba la validez del acta de 2008 por haber sido suscripta por una autoridad considerada incompetente y sobre la base de antecedentes falsos. Durante el proceso, las partes acompañaron toda la documentación respaldatoria, incluyendo la resolución del Consejo Superior de la UNT, la Ley 5.932 de Catamarca y el acuerdo modificatorio del "Acta de Farallón Negro".

Con la homologación, el acuerdo adquiere firmeza y la UNT recupera plenamente el crédito del 40% de las utilidades. La responsabilidad ahora recae en el Consejo Superior de la universidad, que deberá definir cómo y dónde se invertirán los millonarios fondos para avanzar con la construcción de los 135.000 metros cuadrados de la Ciudad Universitaria, el objetivo original que motorizó la creación de YMAD hace más de seis décadas.