La presentación judicial que solicita la detención y el llamado a indagatoria del diputado nacional Carlos Aníbal Cisneros pone el foco en la actuación de Federico Petraglia, identificado en el escrito como empleado de confianza del legislador. Según la denuncia, Petraglia habría tenido un rol clave en los momentos previos a la formalización de la causa por presunta trata de personas con fines de explotación sexual .

El documento, incorporado al expediente "Cisneros y otros s/ trata de personas con fines de explotación sexual", sostiene que Petraglia se habría dirigido al Hotel Hilton y solicitado acceso a las cámaras de seguridad del establecimiento antes de que existiera una denuncia penal vinculada a los hechos investigados .

El interrogante central

El escrito plantea expresamente el siguiente interrogante: "¿Cómo sabía el Sr. Cisneros del encuentro sexual con tanta premura?" . A partir de esa pregunta, la denuncia sostiene que el diputado habría puesto "de manera inmediata a su equipo a buscar, ocultar, manipular pruebas" .

La acusación se apoya en el hecho de que en la causa provincial previa habría quedado acreditado que Petraglia fue quien pidió las cámaras de seguridad del hotel, y que el diputado habría intervenido en distintas acciones vinculadas a la obtención de elementos probatorios .

El respaldo testimonial

La presentación se sustenta además en declaraciones testimoniales incorporadas al expediente federal. Entre ellas, la declaración de Rocío Sancho Miñano, quien señaló que los abogados vinculados a Lourdes Parache "son de la caja popular por orden de Cisneros" y que el propio diputado habría organizado una entrevista televisiva en el canal TN .

También se menciona un mensaje atribuido a Parache fechado el 7 de noviembre de 2025, donde habría manifestado ser "prisionera de muchas cosas que no compartía ni comparto (…) sin poder de decisión y teniendo que cumplir órdenes sin preguntar ni chistar" .

El contexto de la causa

La presentación se enmarca en una investigación más amplia que tiene su origen en la denuncia contra cuatro jugadores de Vélez Sarsfield, quienes fueron sobreseídos en diciembre de 2025 por el juez José Augusto Paz Almonacid al considerar que el hecho denunciado no constituía delito . Tras ese fallo, la causa fue remitida a la Justicia Federal para investigar una posible organización destinada a la comisión de delitos de acción pública, entre ellos la trata de personas .

El presentante, José Ignacio Florentin Bobadilla, argumenta la existencia de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, señalando que el legislador "posee recursos económicos para fugarse del país" y capacidad para influir en el proceso judicial .

Con información de El Federalista