En el mismo día en que se cumplen dos décadas de la desaparición de Paulina Lebbos, el inicio del cuarto juicio por su crimen —previsto para el próximo lunes 2 de marzo— quedó envuelto en una nueva incertidumbre judicial. Dos planteos simultáneos amenazan con postergar el debate oral contra César Soto y Sergio Kaleñuk, los dos principales acusados por la muerte de la joven estudiante ocurrida en 2006.

"Todo es un espanto", expresó Alberto Lebbos, padre de la víctima, al tomar conocimiento de los inconvenientes procesales que surgieron en los últimos días, justo cuando la causa alcanza su vigésimo aniversario sin condenas firmes por el homicidio.

El tribunal integrado por los jueces Gustavo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica había fijado para el 2 de marzo el inicio del debate. Sin embargo, dos situaciones complejizan el cronograma: por un lado, un cambio en la fiscalía que requiere tiempo para analizar la prueba; por otro, un planteo de prescripción presentado por la defensa de Kaleñuk que debe resolver la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

Cambio de fiscal y pedido de prórroga

El fiscal de Cámara Daniel Marranzino informó que no se encontraba en condiciones de sostener la acusación y solicitó que el fiscal Carlos Sale asuma ese rol, en base al antiguo código procesal. Sale, a su vez, pidió una prórroga de una semana para analizar la prueba reunida en la causa. Al cierre de esta edición no se había confirmado si los jueces aceptaron el pedido, aunque fuentes judiciales indicaron que sería concedido.

Alberto Lebbos manifestó su confianza en Sale y señaló que el tribunal podría contemplar la situación debido a las tareas que el fiscal desempeña en otras dependencias judiciales.

El planteo de prescripción que divide aguas

En paralelo, la defensa de Sergio Kaleñuk, a cargo del abogado Patricio Char, planteó que la acción penal contra su cliente se encuentra prescripta. El letrado sostiene que el delito de encubrimiento agravado atribuido a Kaleñuk prevé una pena máxima inferior a seis años y que entre la fecha del hecho —entre febrero y marzo de 2006— y la primera citación a indagatoria, ocurrida recién en febrero de 2021, transcurrieron exactamente 14 años y 364 días.

El punto central del debate jurídico es si resulta aplicable la suspensión de la prescripción por tratarse de un empleado público. La acusación sostuvo durante años que el plazo se encontraba suspendido por esa condición, pero el fiscal de Cámara Daniel Marranzino dictaminó que "no debe aplicarse como suspensión de la prescripción el motivo de haber sido empleado público al momento de los hechos, dado que es necesario que, además de la condición, el delito haya sido cometido en ejercicio de sus funciones".

La Cámara Penal Conclusional ya rechazó el pedido de sobreseimiento con los votos mayoritarios de Romagnoli y Morales Lezica, quienes consideraron que la sola condición de empleado público basta para frenar la prescripción. Sin embargo, el vocal Fabián Fradejas votó en disidencia y coincidió plenamente con la defensa y el Ministerio Público Fiscal.

"El artículo 67 del Código Penal es claro: la prescripción sólo se suspende cuando el delito es cometido en el ejercicio de la función pública. Ser funcionario público no alcanza por sí solo para impedir la extinción de la acción penal", sostuvo Fradejas en su voto, al señalar que el hecho imputado —ayudar a ocultar pruebas y colaborar con un particular— no fue descripto como un acto funcional, sino como una conducta privada.

La Corte tiene la última palabra

La defensa de Kaleñuk presentó un recurso de casación y luego una queja ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que actualmente analiza si admite el planteo. La fiscal Marta Jerez firmó el martes una resolución para que el máximo tribunal intervenga en la cuestión.

Si la Corte habilita el tratamiento del recurso, podría revisarse la decisión sobre la prescripción; en caso contrario, el juicio comenzaría en la fecha que determine el tribunal. Fuentes judiciales indicaron que la resolución podría conocerse en las próximas horas, dada la urgencia por la fecha de inicio fijada.

Veinte años de una causa emblemática

La investigación por el crimen de Paulina Lebbos lleva casi dos décadas y ya tuvo tres juicios, en los que sólo se logró probar la existencia de una red de encubrimiento que involucró a altas autoridades policiales y judiciales de la provincia. En febrero de 2019, los jueces Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto ordenaron investigar a Soto, Kaleñuk, Esteban Gómez y Ernesto Atim, aunque el fiscal Sale sólo mantuvo la acusación contra los dos primeros.

El cuarto juicio tendrá además la particularidad de que no habrá querella, ya que Leticia Nieva —hija de Paulina, quien había desplazado a Alberto Lebbos como acusador privado— renunció a ese rol.

Este jueves, al cumplirse exactamente 20 años de la noche en que Paulina salió de su casa para no regresar, su padre encabezará una marcha por Justicia en la Plaza Independencia de la capital tucumana, a partir de las 17:00 horas, en reclamo de una verdad que aún no encuentra resolución definitiva.