La causa por el crimen de Érika Antonella Álvarez incorporó un nuevo capítulo con la declaración de Justina Gordillo, quien habló por primera vez desde su detención en el penal de Delfín Gallo. La empleada judicial prestó testimonio a través de sus defensores, Camilo Atim y María Florencia Abdala, en una exposición que no alteró su situación procesal pero que, según fuentes de la investigación, agravó la posición de Felipe "El Militar" Sosa, único imputado por el homicidio.

El caso y las detenciones

El cuerpo de la joven fue hallado el 8 de enero en un descampado de Manantial Sur. Siete días más tarde, Sosa fue detenido en la localidad bonaerense de Pilar y, tras su traslado a Tucumán, fue imputado por homicidio simple, dictándosele prisión preventiva por seis meses. Los investigadores sostienen que el acusado no habría actuado en soledad y que contó con colaboración para ocultar el cadáver y eliminar pruebas que pudieran comprometerlo.

En ese contexto, luego del análisis de cámaras de seguridad y la recolección de otros elementos probatorios, la Policía detuvo en un country de Yerba Buena a Gordillo, quien era pareja del imputado.

La mujer, divorciada, madre de dos hijos adolescentes, técnica en marketing y secretaria judicial de la Superintendencia de la Corte Suprema provincial, fue imputada por presuntamente haber colaborado en el ocultamiento del cuerpo, en la eliminación del teléfono celular de la víctima y en facilitar la fuga de Sosa. Pese a que se estableció que no habría intervenido de manera directa en el crimen, se le dictó prisión preventiva por tres meses.

Los dichos de Gordillo

Su declaración, que se mantuvo en reserva durante varios días para no interferir en la investigación, aportó diversos datos sobre los momentos previos y posteriores al hecho. En primer lugar, negó haber participado de un encuentro sexual con Álvarez y Sosa, hipótesis que había circulado en etapas iniciales del caso. Reconoció que la noche del crimen cenó con el acusado y luego regresó a su domicilio.

De acuerdo con el análisis de los registros fílmicos, Gordillo se retiró del lugar pasada la medianoche. En cambio, se estableció que la víctima arribó a la vivienda donde ocurrió el homicidio alrededor de las tres de la madrugada en un servicio de Uber. Aún permanece sin esclarecer la identidad de la mujer que, según se presume, habría ingresado con Sosa al domicilio cerca de las 21 horas de ese mismo día.

El pedido de ayuda y el celular rosa

La imputada relató además que el miércoles 7 el acusado se comunicó con ella para pedirle ayuda, argumentando que una joven que se encontraba con él se había descompensado, aunque posteriormente le aseguró que la situación estaba controlada. También aclaró que las dos personas señaladas como ocupantes de un Chevrolet Corsa gris eran vecinos de Sosa y que no habrían estado con ellos esa noche.

Durante su exposición, Gordillo entregó a la fiscalía un listado de personas que habrían mantenido contacto con el acusado antes de que ocultara el cuerpo de la víctima. Sus identidades se mantienen en reserva para no entorpecer la pesquisa, aunque trascendió que podrían tratarse de empleados de sus empresas o de personas vinculadas a la concesionaria donde Sosa adquirió la motocicleta que utilizó para huir hacia Buenos Aires.

Asimismo, admitió que estuvo en la vivienda del imputado después del crimen, aunque sostuvo que no advirtió situaciones anómalas en ese momento. No obstante, manifestó haber visto cómo Sosa entregaba un teléfono celular de color rosa a un allegado.

Relaciones paralelas y presunto narcomenudeo

En otro tramo de su declaración, indicó que el acusado mantenía relaciones paralelas con distintas mujeres, varias de ellas con problemas de adicción, y agregó que él mismo le habría comentado que en el pasado se dedicó a la comercialización de éxtasis, versión que ya había sido mencionada por la familia de la víctima.

La situación procesal

Cabe destacar que Gordillo declaró en calidad de imputada y no como testigo, por lo que no tiene obligación legal de decir la verdad. Su versión es actualmente analizada por el fiscal Pedro Gallo, quien por el momento no modificó su situación procesal dentro del expediente.

Si bien sus abogados evitaron brindar declaraciones públicas, fuentes judiciales señalaron que en las próximas horas solicitarían una audiencia para requerir su excarcelación o, en su defecto, el otorgamiento del arresto domiciliario hasta que se resuelva su responsabilidad en la causa.