En un contexto de creciente tensión entre el Gobierno nacional y distintos sectores del ámbito jurídico, el Colegio de Abogados de Tucumán fijó posición este sábado y defendió el funcionamiento institucional de la Justicia, al tiempo que rechazó con dureza las expresiones presidenciales sobre la supuesta "industria del juicio".

A través de un comunicado oficial, la entidad expresó "el más enérgico repudio" a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien calificó de manera peyorativa al ejercicio profesional de la abogacía. Para el Colegio, resulta "profundamente preocupante que desde la más alta investidura institucional se empleen expresiones que descalifican de manera generalizada" una actividad que consideran esencial para la vigencia del Estado de Derecho.

Defensa del acceso a la justicia

"El acceso a la justicia es un derecho constitucional", sostiene el documento, que reivindica el rol de los abogados como pieza estructural del sistema republicano. Según la institución, cada proceso judicial nace de un conflicto real que afecta derechos e intereses legítimos, y la intervención profesional no lo genera sino que constituye "la vía institucional y legal para encauzarlo conforme a las garantías que establece nuestro ordenamiento jurídico".

En esa línea, el Colegio advirtió que desacreditar los reclamos judiciales mediante generalizaciones "no contribuye al fortalecimiento de las instituciones ni al diálogo democrático". Por el contrario, afirmaron, ese tipo de discursos erosiona la confianza en el sistema de Justicia y desvaloriza la función social de la abogacía.

Función social y ética profesional

El texto insiste en que el ejercicio profesional está regulado por normas éticas y legales estrictas y que su finalidad es la defensa de derechos, la búsqueda de soluciones jurídicas y la preservación del orden constitucional. También subraya que las expresiones presidenciales no sólo resultan agraviantes para quienes ejercen la profesión "con responsabilidad, ética y compromiso social", sino que además "desconocen el rol esencial que la abogacía cumple en un Estado de Derecho".

Sin mencionar reformas puntuales ni entrar en disputas partidarias, el mensaje del Colegio se inscribe en el debate más amplio sobre el funcionamiento de la Justicia y el alcance de las críticas oficiales. Con un tono institucional pero firme, la entidad dejó en claro que cualquier discusión sobre la eficiencia o los costos del sistema judicial no puede derivar en la deslegitimación del derecho a reclamar ni del papel técnico de quienes representan a los ciudadanos ante los tribunales.