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19 de febrero de 2026

La Justicia cita a indagatoria a Claudio Tapia y Pablo Toviggino y les prohíbe salir de Argentina

La Justicia investiga la presunta apropiación indebida de más de $19.353 millones en retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre 2024 y 2025. Las audiencias fueron fijadas para el 5, 6 y 9 de marzo y alcanzan a otros cuatro dirigentes de la entidad.

El juez en lo Penal Económico Diego Alejandro Amarante citó este jueves a declaración indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián "Chiqui" Tapia, al tesorero Pablo Ariel Toviggino y a otros cuatro dirigentes de la entidad en el marco de una causa que investiga la presunta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social. La misma resolución dispuso la prohibición de salida del país para todos los imputados .

El cronograma de audiencias establecido por el magistrado comenzará el 5 de marzo de 2026 a las 10:30 con la citación a la AFA como asociación civil, y continuará a las 12:00 con la indagatoria a Tapia. Al día siguiente, viernes 6 de marzo, se presentarán Toviggino a las 10:30 y el director general Gustavo Roberto Lorenzo a las 12:00. Finalmente, el lunes 9 de marzo deberán comparecer el actual secretario general y presidente de Argentinos Juniors, Cristian Ariel Malaspina (10:30), y el ex secretario general Víctor Blanco Rodríguez (12:00) .

La decisión judicial se adoptó luego de un pedido formulado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —ex AFIP—, que actúa como querellante en el expediente. Los abogados del organismo, Matías Alejo Gentile Brezigar y Felicitas Achábal, solicitaron la medida al considerar que existe un "grado de sospecha suficiente" para convocar a los directivos en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación .

Los montos bajo investigación

La causa investiga la presunta falta de ingreso de retenciones impositivas y aportes de la seguridad social correspondientes al período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según consta en el expediente, el monto total bajo pesquisa asciende a $19.353.546.843,85, distribuido en 69 hechos independientes ocurridos durante 19 meses consecutivos .

El detalle de los importes retenidos, según la acusación, se desglosa de la siguiente manera: más de $663 millones en IVA; casi $2.000 millones en Impuesto a las Ganancias; más de $8.016 millones bajo el régimen del artículo 79; y $8.675 millones en aportes previsionales. Julio de 2025 aparece como el mes con mayor volumen investigado .

La denuncia original fue presentada por ARCA el 12 de diciembre de 2025 y ampliada seis días después, elevando significativamente el monto inicialmente reclamado .

El fundamento de la imputación

En su resolución, el juez Amarante advirtió sobre "la gravedad de los hechos investigados" y "la severidad de la pena en expectativa" para justificar la prohibición de salida del país. El magistrado ordenó comunicar la restricción migratoria a la Dirección Nacional de Migraciones y al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) del Ministerio de Seguridad de la Nación .

Según los elementos reunidos en la investigación, la AFA actuó como "agente de retención" de tributos y aportes correspondientes a jugadores, empleados y proveedores. El Régimen Penal Tributario (Ley 27.430) prevé penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que no depositen los fondos descontados a terceros dentro del plazo legal de treinta días corridos posteriores al vencimiento .

La querella sostuvo que la omisión de pagos no derivó de una imposibilidad financiera. La investigación contable demostró que la AFA recibió acreditaciones bancarias por $45.072.435.530 solo en diciembre de 2024 y registró ingresos por $453.449.869.194 durante 2025. Durante ese período, la conducción directiva constituyó múltiples plazos fijos en pesos y dólares por sumas significativas, lo que para ARCA acredita que los acusados tenían "la total posibilidad fáctica de cumplir con las obligaciones fiscales" .

Las testimoniales que apuntalan la acusación

El cuadro probatorio se robusteció con las declaraciones testimoniales del 10 de febrero de la gerente de Administración y Control, Mónica Bouvet, y la empleada Paula Méndez. Ambas funcionarias explicaron bajo juramento que el circuito de pagos impositivos dependía exclusivamente de la orden verbal, personal o telefónica del tesorero Pablo Toviggino .

Bouvet precisó que su área informaba los vencimientos y la deuda acumulada, tras lo cual aguardaba la instrucción directa de Toviggino para emitir los volantes electrónicos de pago (VEP). Estas obligaciones se cancelaban desde cuentas institucionales en el Banco Credicoop, entidad que requería la firma conjunta de tres autoridades para disponer de los fondos. Méndez identificó a Toviggino como responsable del control económico y a Tapia como administrador general de la clave fiscal institucional .

El rechazo al planteo de la defensa

La citación a indagatoria se produjo tras el fracaso de la estrategia defensista que intentó cerrar la causa mediante una excepción de falta de acción presentada el 27 de enero de 2026. La defensa de Tapia solicitó el archivo argumentando que las deudas fiscales carecían de exigibilidad jurídica al momento de los hechos, amparándose en resoluciones del Ministerio de Economía que suspendieron transitoriamente el inicio de juicios de ejecución fiscal para entidades sin fines de lucro .

El 11 de febrero, el juez Amarante rechazó el planteo "in limine" y condenó en costas a la defensa. En un fallo de veinticuatro páginas, el magistrado señaló que el argumento evidenciaba una "inadecuada distinción entre los institutos de exigibilidad de la obligación tributaria y ejecutabilidad de la deuda". Explicó que la exigibilidad surge ineludiblemente al vencer el plazo legal para el ingreso de los fondos retenidos, mientras que la ejecución es apenas la facultad estatal de procurar el cobro compulsivo .

El juez advirtió que "admitir que resoluciones emanadas del Poder Ejecutivo puedan incidir sobre la vigencia o alcance de una norma penal tributaria importaría una afectación directa al principio de legalidad" .

El contexto de otras investigaciones

Esta causa es una de las tres investigaciones judiciales más resonantes que involucran a la dirigencia de la AFA. En paralelo, la entidad es investigada por posible lavado de dinero en el caso "Sur Finanzas", que tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Luis Armella, y por la presunta titularidad de una quinta de lujo en Pilar que podría estar vinculada a Toviggino mediante testaferros, causa que instruye el juez Adrián González Charvay en Campana .

La AFA ha denunciado en reiteradas oportunidades una "trama de mentiras y desinformación" y una "campaña de difamación" en su contra, atribuyendo las denuncias a una disputa comercial con un empresario por la organización de partidos amistosos de la selección argentina y a la embestida del gobierno nacional, que impulsa el modelo de sociedades anónimas deportivas rechazado por los estatutos de la entidad .

De mantenerse la prohibición de salida del país tras las indagatorias, Tapia no podría concurrir a la Finalissima que disputará Argentina contra España el 27 de marzo en Qatar .

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