El Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), presentó este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia un recurso extraordinario federal contra el fallo que ordenó restituir la pensión por viudez a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Con esta presentación, el Gobierno solicitó revertir la decisión de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social "que dispuso restablecer la asignación mensual vitalicia otorgada a la expresidenta" y ordenó restituirle la pensión no contributiva derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner, la cual había sido dada de baja tras la condena a 6 años de prisión por la causa Vialidad.

Los argumentos del recurso

El comunicado oficial indica que "la decisión recurrida afecta el principio de legalidad y altera el alcance de disposiciones expresas del ordenamiento jurídico, motivo por el cual resulta necesaria la revisión del pronunciamiento en la instancia extraordinaria".

En el escrito presentado, el Gobierno sostiene que el fallo "omite considerar la prohibición expresa del derecho al cobro, ante la condena e inhabilitación absoluta que pesa sobre CFK siendo claramente inexistente el alegado derecho alimentario afectado, demostrando así el fallo recurrido, manifiesta errónea aplicación del derecho".

El conflicto judicial

La controversia se originó a fines de 2024, cuando la ANSES resolvió dar de baja dos prestaciones que percibía Cristina Kirchner mediante la Resolución N° RESOL-2024-1092-ANSES-ANSES: la pensión como viuda del expresidente Néstor Kirchner y la jubilación por haber sido presidenta de la Nación, tras confirmarse la condena en la causa Vialidad.

La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, con los votos de los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini Albarenque (Nora Dorado no participó por encontrarse de licencia), resolvió hacer lugar al recurso presentado por la expresidenta y ordenó restablecer el beneficio de la pensión derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner de manera provisoria mientras se sustancia el juicio principal .

El tribunal consideró que la ANSES no podía dar de baja la pensión, sino eventualmente suspenderla, y sostuvo que fue improcedente eliminar ambos beneficios bajo argumentos vinculados a "cuestiones de honor". En cambio, la Cámara avaló la quita de la asignación vitalicia como presidenta, al entender que la condena judicial en la causa Vialidad habilitó esa decisión .

La postura del Gobierno

Según los fundamentos del recurso extraordinario al que tuvo acceso Infobae, la prestación que percibía Cristina Kirchner no constituye una jubilación ordinaria ni un beneficio previsional contributivo, sino que representa una asignación de carácter graciable, no contributiva, otorgada como reconocimiento al mérito, el honor y el desempeño en el ejercicio del cargo.

El recurso subraya que la prestación carece de naturaleza alimentaria; es decir, no está destinada a asegurar el sustento de quien no puede procurárselo por sus propios medios, sino que constituye una gracia del Estado en reconocimiento a la función desempeñada. Al no tratarse de un derecho previsional clásico orientado a cubrir necesidades básicas, la administración sostiene que puede ser revocada si desaparecen las condiciones legales que le dieron origen.

El argumento central del planteo oficial es la "indignidad sobreviniente" derivada de una condena penal firme por delitos dolosos contra la administración pública. Para el Gobierno, resulta jurídicamente incompatible mantener una distinción honorífica para quien ha sido condenado por hechos de corrupción cometidos en ejercicio de la función pública.

El camino por delante

La decisión final corresponderá al máximo tribunal, que deberá resolver si admite el recurso extraordinario federal y revisa el fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social . La discusión trasciende el caso individual y proyecta sus efectos sobre el régimen jurídico de las asignaciones vitalicias a expresidentes y sus derechohabientes, en particular sobre la compatibilidad entre el mantenimiento de estos beneficios y la existencia de una condena penal por delitos contra la administración pública.