El legislador provincial Gerónimo Vargas Aignasse salió al cruce de los cuestionamientos formulados por sectores libertarios —entre ellos el diputado nacional por Tucumán Gerardo Huesen— y defendió públicamente su proyecto de reforma del Código Procesal Penal que apunta a regular situaciones de difamación en redes sociales. En medio de una creciente polémica, el parlamentario sostuvo que la iniciativa no pretende censurar opiniones sino brindar herramientas judiciales ante daños digitales inmediatos.

"La militancia digital de La Libertad Avanza intenta instalar que este proyecto busca frenar su campaña rumbo al 2027. Es falso. Y lo saben", expresó Vargas Aignasse en su cuenta de X. Y agregó: "Este proyecto no protege a políticos. Protege a las personas".

Los cuestionamientos de Huesen

El debate se desató luego de que el dirigente libertario acusara al autor de la iniciativa de intentar instaurar un esquema de control similar al modelo chino de censura. Huesen calificó la propuesta como un intento de "amordazar" voces críticas y la vinculó con prácticas propias de regímenes restrictivos, señalando que representa una amenaza a la libertad de prensa y de expresión.

Los detalles de la iniciativa

La iniciativa impulsada por Vargas Aignasse —que cuenta con el acompañamiento de los legisladores Sergio Mansilla y Roque Argañaraz— propone incorporar una figura denominada "Medida Cautelar Digital Urgentísima". El mecanismo permitiría que un juez penal ordene, en un plazo máximo de seis horas y sin sustanciación previa, la eliminación o bloqueo de contenidos cuando se trate de calumnias o injurias manifiestas.

Frente a las críticas, el referente peronista fue enfático: "Han confundido libertad con impunidad. Y no es lo mismo. La libertad de expresión es un derecho constitucional. La difamación organizada es violencia". En esa línea, sostuvo que la norma apunta a proteger a ciudadanos comunes que son blanco de ataques sistemáticos en entornos digitales.

El equilibrio entre libertad de expresión y tutela judicial

El trasfondo de la discusión gira en torno al equilibrio entre libertad de expresión y tutela judicial efectiva. Según los fundamentos del proyecto, la velocidad de viralización de contenidos en redes vuelve ineficaces los tiempos tradicionales de la Justicia. Vargas Aignasse sostiene que "una tutela tardía frente a un daño inmediato es, en términos constitucionales, una forma de tutela ineficaz", debido al carácter "explosivo" del perjuicio digital.

"Paredón de fusilamiento" digital

En su publicación, el legislador remarcó que la propuesta busca proteger "a cualquier ciudadano que sea víctima de calumnias, injurias, odio racial, religioso o ideológico" y a quienes son "atacados, difamados y fusilados en el paredón de las redes sociales por resentimientos, traiciones o conflictos personales". Además, advirtió: "No vamos a permitir que el anonimato y la mentira se conviertan en herramientas para destruir la honra de las personas".

El "candado normativo" del proyecto

El texto del proyecto incluye lo que sus impulsores denominan un "candado normativo": el juez deberá rechazar la medida cautelar ante cualquier duda respecto de si el contenido cuestionado constituye opinión o información de interés público. La premisa central, según sus autores, es que "la libertad de opinar no incluye el derecho a mentir dañando", en línea con la doctrina de la "real malicia" aplicada por la Corte Suprema.

Vargas Aignasse cerró su defensa con una frase que sintetiza su postura: "No vinimos a callar a nadie. Vinimos a que nadie pueda destruir a otro impunemente".