La acusación que llevará a César Soto al banquillo de los acusados por el crimen de Paulina Lebbos describe un homicidio cometido en la intimidad de un departamento, una maniobra para desaparecer el cuerpo con ayuda externa y un comportamiento posterior del imputado que, para la fiscalía, resulta incompatible con el de una persona inocente. A casi veinte años del asesinato, el fiscal de Cámara Carlos Sale sintetizó en su requerimiento de elevación a juicio los ejes centrales de la imputación que desde el 2 de marzo deberá ser debatida ante tres jueces.

Según el escrito acusatorio, el crimen ocurrió en la madrugada del 26 de febrero de 2006, entre las 6.30 y las 7, en el departamento que Soto ocupaba en calle Estados Unidos al 1.200, en San Miguel de Tucumán. Paulina, quien tenía llave del lugar y solía permanecer allí con frecuencia, habría mantenido una discusión con su ex pareja. En ese contexto, el fiscal sostiene que Soto, valiéndose de su superioridad física y con intención homicida, la tomó del cuello y la asfixió hasta provocarle la muerte.

La calificación legal elegida por el Ministerio Público es la de homicidio agravado por alevosía. La fiscalía entiende que el imputado actuó sobre seguro, aprovechando la situación de confianza y la indefensión de la víctima para consumar el ataque sin que ella pudiera defenderse.

Pero la acusación no se detiene en el momento de la muerte. Para el fiscal Sale, Soto no actuó solo en la etapa posterior. La hipótesis sostiene que el imputado pidió ayuda y que, junto a Sergio Hernán Kaleñuk, trasladó el cadáver hasta la zona de Tapia, donde fue abandonado a la vera de la ruta 341. El ocultamiento del cuerpo forma parte, para la acusación, de la misma secuencia criminal destinada a garantizar la impunidad del autor.

Gran parte de las pruebas que dan sustento a esta teoría provienen del juicio por encubrimiento conocido como "Causa Gómez", en el que se investigaron y condenaron las maniobras policiales y políticas destinadas a desviar la pesquisa original. Fue precisamente ese tribunal el que, en 2019, ordenó remitir actuaciones para investigar la posible responsabilidad penal de Soto, una decisión que quedó firme en 2021 y que habilitó el camino hacia el juicio que ahora comenzará.

Entre los elementos que la fiscalía considera clave para sostener la acusación se encuentran los testimonios de familiares y amigos que declararon sobre la relación de Paulina con Soto, informes telefónicos que permitieron reconstruir las últimas horas con vida de la joven, pericias forenses sobre el cuerpo hallado y estudios psicológicos que aportaron contexto sobre la dinámica de la pareja.

La fiscalía remarca especialmente los antecedentes de violencia en la relación. Durante el juicio por encubrimiento surgieron referencias a discusiones, escenas de control y episodios de celos que, para el Ministerio Público, permiten comprender la violencia previa al hecho y encuadrar el crimen como el desenlace de un proceso de agresión sostenida contra Paulina.

Otro punto central de la acusación es la conducta posterior del imputado. Según el fiscal, Soto mostró una actitud distante tras la desaparición de la joven. No participó activamente de su búsqueda y ofreció versiones contradictorias sobre lo ocurrido esa madrugada. Para la acusación, esos comportamientos adquieren relevancia incriminatoria cuando se los analiza en conjunto con el resto de la prueba.

El fiscal Sale sostuvo al formular la acusación que la imputación contra Soto no surge de una hipótesis tardía o improvisada, sino de un análisis integral de toda la causa y, especialmente, de lo que dejó establecido la sentencia dictada en el juicio por encubrimiento, que ya había señalado la necesidad de profundizar la investigación sobre el ahora acusado.

El debate oral estará a cargo de los jueces Fabián Fradejas, Luis Morales Lezica y Gustavo Romagnoli. Para la fiscalía, se trata de una instancia histórica: por primera vez se discutirá en un juicio oral y público quién mató a Paulina Lebbos, en un caso que durante veinte años concentró la atención de la sociedad tucumana y se convirtió en símbolo de la lucha contra la impunidad y el encubrimiento institucional.