La recta final hacia el juicio por el crimen de Paulina Lebbos, ocurrido hace casi veinte años, enfrenta un nuevo escollo procesal. A diez días del aniversario del asesinato y a dos semanas de la fecha fijada para el inicio del debate oral, la defensa de Sergio Kaleñuk —uno de los dos imputados— anunció que esta semana presentará una queja ante la Corte Suprema de Justicia, lo que podría postergar el proceso si el máximo tribunal decide intervenir.

Kaleñuk, a quien el padre de la víctima, Alberto Lebbos, bautizó como "el verdadero hijo del poder", está acusado de encubrimiento agravado en el marco del homicidio de la joven, ocurrido en febrero de 2006. Debería ser juzgado junto a César Soto, expareja de Paulina y señalado por la fiscalía como autor material del crimen. Según la acusación, la participación de ambos está tan ligada que deben ser enjuiciados en conjunto.

El recurso que frena el reloj

El defensor de Kaleñuk, Patricio Char, confirmó que acudirá a la Corte Suprema después de que la Cámara Penal rechazara la semana pasada los planteos de su defensa. Char había solicitado la prescripción del delito y había cuestionado la agravante de funcionario público que pesa sobre su cliente, argumentando que Kaleñuk obtuvo su cargo en la Legislatura con posterioridad al hecho.

Si la Corte admite el recurso, el expediente deberá ser remitido a Buenos Aires y el juicio, previsto para el 2 de marzo, quedaría automáticamente suspendido hasta que el tribunal se expida. En el entorno de la familia Lebbos reina la incertidumbre: después de dos décadas de lucha, el inicio del debate podría volver a postergarse.

La teoría fiscal

La acusación contra Kaleñuk, sostenida por el fiscal Carlos Sale, lo señala como pieza clave en el entramado que permitió ocultar el crimen y garantizar la impunidad durante años. Según la reconstrucción del Ministerio Público, Soto asfixió a Paulina en su domicilio de la calle Estados Unidos al 1200, en la madrugada del 26 de febrero de 2006, tras una discusión cuyo motivo nunca pudo establecerse.

Luego del homicidio, siempre según la fiscalía, Soto recurrió a Kaleñuk —a quien conocía del club Atlético Tucumán y por su condición de funcionario— para pedirle ayuda. La respuesta, afirma el requerimiento, fue inmediata: ambos trasladaron el cuerpo hasta la zona de Tapia, donde lo abandonaron en el kilómetro 2,8 de la ruta provincial 341. El cadáver permaneció allí hasta el 11 de marzo, cuando fue hallado por dos hermanos que circulaban por el lugar.

La autopsia confirmó que Paulina murió por "asfixia mecánica por estrangulamiento manual" y que el deceso ocurrió en la época de su desaparición.

La coartada y el celular

El fiscal sostiene que, después de abandonar el cuerpo, Kaleñuk regresó a la capital, dejó a Soto en su casa y se dirigió al club Central Córdoba. El objetivo, según la acusación, era "fijar una coartada en caso de ser necesario". Ese mismo domingo, Kaleñuk se hizo presente en la venta de entradas para el clásico entre Atlético y San Martín, intentando construir un relato sobre sus actividades durante las horas clave.

La fiscalía también le atribuye la eliminación del celular de Paulina. "Una vez en el lugar, Sergio Hernán Kaleñuk se deshizo del teléfono de Paulina Lebbos con el fin de eliminar todo rastro de su accionar criminal", sostiene el requerimiento. Los informes técnicos permitieron reconstruir las últimas activaciones del aparato y su posterior uso con chips de terceros, lo que para la acusación confirma el intento de borrar evidencias.

Las llamadas y las contradicciones

Uno de los elementos más contundentes de la acusación son los cruces telefónicos. El celular de Kaleñuk se activó en la misma antena que el de Paulina en las horas posteriores a su desaparición, y además mantuvo contactos con el entonces subjefe de Policía, Nicolás Barrera, ya condenado en otra causa. Para el fiscal, estos contactos "no resultan casuales" y se inscriben en un entramado funcional orientado a encubrir el crimen.

La noche del 26 de febrero, minutos después de que Alberto Lebbos denunciara la desaparición de su hija, Barrera llamó tres veces consecutivas a Kaleñuk. La fiscalía interpreta esas comunicaciones como un intento de "poner al tanto a Kaleñuk de la situación y de la búsqueda desesperada de la familia".

El requerimiento también recupera las observaciones del tribunal que juzgó la causa "Gómez", donde Kaleñuk declaró como testigo. Los jueces advirtieron entonces "imprecisiones, olvidos y contradicciones" en su relato sobre horarios, recorridos y actividades del 26 de febrero. Incluso destacaron que fue el propio Kaleñuk quien espontáneamente se ubicó "en tiempo y espacio cercano al último destino de Paulina con vida", cerca del domicilio de Soto.

Una deuda histórica

En su dictamen, el fiscal Sale sostiene que existe "mérito suficiente" para llevar a Kaleñuk a juicio oral por encubrimiento agravado. El caso, subraya, se inscribe en una trama más amplia de ocultamientos y desvíos de la investigación que ya dejaron condenas contra el secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, los jefes policiales Hugo Sánchez, Barrera y Héctor Brito, y el exfiscal Carlos Albaca.

Para la familia Lebbos y para la sociedad tucumana, el juicio representa el capítulo final de una causa que lleva veinte años de reclamos. Pero el recurso ante la Corte Suprema amenaza con abrir un nuevo compás de espera. La decisión de los jueces del máximo tribunal definirá si el debate comienza el 2 de marzo o si habrá que esperar unos meses más para conocer el veredicto sobre el "verdadero hijo del poder".