Al grito de "Justicia por Joaquín" y "No murió, lo mataron", familiares y allegados de Joaquín Rodrigo Ibarra se movilizaron este viernes al cumplirse un mes del homicidio ocurrido en la ciudad de Alderetes, para reclamar avances en la causa, el traslado de los dos adolescentes acusados y una respuesta judicial efectiva.

La convocatoria partió desde plaza Urquiza y culminó frente al Ministerio Público Fiscal, donde los manifestantes se concentraron para exigir que la investigación avance y que los dos sospechosos —de 16 y 17 años— sean trasladados al Penal de Benjamín Paz.

El crimen que conmocionó a la provincia

El joven, de 21 años, fue asesinado el 12 de enero pasado, cuando fue interceptado por dos adolescentes armados en un intento de robo en el barrio Julio Abraham de Alderetes. Según la investigación, Ibarra habría entregado sus pertenencias sin ofrecer resistencia, pero aun así recibió un disparo en la cabeza a quemarropa. Las cámaras de seguridad de la zona captaron toda la secuencia: el acercamiento de los delincuentes en una moto negra, el robo, la huida inicial, el regreso del atacante y el disparo final.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Padilla, donde falleció cerca de las 5 de la mañana. Los dos acusados fueron aprehendidos horas después y, por orden del juez Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Federico Moeykens, permanecen con prisión preventiva en el Instituto Roca por un plazo de cuatro meses, mientras la causa continúa en etapa investigativa.

El reclamo de la familia

Durante la marcha, familiares y amigos portaron carteles y pancartas en reclamo de justicia. A pesar de tratarse de un día laboral, una importante cantidad de personas acompañó el pedido [nota original]. Entre los presentes estuvo Alberto Lebbos, padre de Paulina Lebbos, quien se acercó para brindar apoyo a la familia.

"Marchamos para pedir justicia. Los asesinos de Joaquín son menores. Están retenidos en el Instituto Roca, que es más un centro de recreación que de condena. Queremos que cumplan una verdadera pena", expresó una de las tías del joven.

También pidió que se contemple el dolor de las familias de las víctimas: "Los derechos humanos también deberían considerar a los seres queridos. Deberían ver al abuelo de Joaquín, de 86 años, llorando todos los días", sostuvo.

La mejor amiga del joven agregó: "No puede ser que maten a mi mejor amigo y sigan como si nada. Ellos continúan con su vida, mientras nosotros tenemos que ir al cementerio a verlo. Él ni siquiera ofreció resistencia".

La respuesta judicial

El abogado de la familia, Camilo Orce, explicó que la causa continúa en etapa de investigación: "Se están recopilando pruebas para esclarecer completamente el hecho. Hay medidas que se presentarán, pero por estrategia procesal aún no se difunden".

La fiscal María del Carmen Reuter, a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, imputó a los dos adolescentes por el delito de homicidio agravado criminis causae, en carácter de coautores. Según la acusación, el atacante volvió sobre sus pasos después del robo para dispararle a la víctima con la intención expresa de "evitar ser identificado y garantizar su impunidad".

El traslado como reclamo central

Uno de los ejes del reclamo familiar es el traslado de los acusados al Penal de Benjamín Paz. El gobernador Osvaldo Jaldo anunció a fines de enero la habilitación de un instituto para menores en conflicto con la ley dentro del complejo penitenciario ubicado en Trancas, que llevará el nombre de Instituto José Gabriel del Rosario Brochero.

La iniciativa contempla el traslado de menores acusados o condenados por homicidio a la nueva unidad, que funcionará con separación total de la población carcelaria adulta y contará con vigilancia a cargo de preceptores, cocina propia, consultorios y un equipo interdisciplinario.

Sobre el Instituto Roca, Jaldo había señalado: "Hoy a los menores los estamos enviando al Instituto Roca, el centro de clasificación de menores, donde llevan a cabo actividades recreativas. Es decir, parecería que la condena no la sienten".

La familia de Joaquín Ibarra espera ahora que el traslazo se concrete y que la causa judicial avance para que, como reclaman sus allegados, haya justicia por el joven asesinado.