La Cámara Federal de Casación Penal definirá este jueves por sorteo quién será el juez que se integrará al Tribunal Oral Federal 5 para el juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, en las que la ex presidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo Kirchner y varios empresarios están acusados de lavado de dinero y asociación ilícita.

El acto público fue convocado para las 11.30 en la Secretaría General del tribunal, ubicada en la planta baja del edificio de Comodoro Py 2002. Según confirmaron fuentes judiciales, podrá presenciarlo cualquier persona que manifieste interés.

La necesidad de cubrir la vacante se originó tras la excusación del juez Rodrigo Giménez Uriburu, quien había sido designado originalmente mediante el sistema de sorteo pero solicitó apartarse del debate. El magistrado argumentó que ya había integrado el tribunal que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión en la causa Vialidad, lo que podría afectar la imparcialidad del nuevo juicio.

La decisión de convocar al sorteo fue firmada por el presidente del máximo tribunal penal del país, Diego Barroetaveña, quien dispuso que la designación se realice conforme a los lineamientos establecidos por la Ley 27439 y la acordada 27/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Tribunal Oral Federal 5 ya cuenta con dos jueces confirmados para el debate: Adriana Palliotti y José Michilini. Palliotti, en minoría, había votado en contra del sobreseimiento de los acusados en una instancia previa —decisión que luego fue revocada por Casación—, mientras que Michilini también fue sorteado oportunamente para integrar el tribunal.

Los jueces Daniel Obligado y Adrián Grumberg, quienes habían votado por el sobreseimiento de los imputados, fueron apartados del caso tras la intervención de la Cámara de Casación.

Las causas Hotesur y Los Sauces investigan un presunto esquema de lavado de dinero que, según la hipótesis fiscal, habría operado a través del alquiler de hoteles y propiedades de la familia Kirchner a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. La fiscalía sostiene que esos pagos constituían una contraprestación por las obras públicas adjudicadas a esos grupos empresarios durante los gobiernos kirchneristas.