La mayor complejidad para la reforma del sistema registral del automotor –que promete eliminar los Registros de la Propiedad Automotor– radica en la digitalización de miles de legajos físicos que aún conservan las dependencias en todo el país. Este lunes, el Ministerio de Justicia dio un paso clave en ese proceso.

A través de la Disposición 58/2026, publicada en el Boletín Oficial, se estableció que todos los Registros del Automotor deben separar y enviar a la Dirección Nacional los Legajos B de dominio de automotores que no hayan tenido ningún movimiento en los últimos quince años. Esto incluye vehículos que no hayan solicitado reimpresión de patentes, informe de dominio, cédulas de conductores autorizados, ni transferencia, entre otros trámites.

Procedimiento establecido

El mecanismo implica varias etapas:

1. La Dirección Nacional notificará a cada Registro Seccional, vía correo oficial, la nómina de legajos alcanzados.

2. Cada dependencia tendrá quince días hábiles para apartar, ordenar y embalar esos legajos para su traslado.

3. Una vez retirados, se procederá a su migración en el Sistema Único de Registración de Automotores (SURA), incorporándolos al inventario del Registro centralizado.

4. Si se requiere un trámite sobre un dominio archivado, el Registro Seccional deberá solicitar un "Certificado Dominial" a través del sistema digital.

Contexto de la reforma

Este paso se enmarca en un proceso de transformación que incluyó la creación del Registro Único Nacional Automotor (RUNA), un sistema optativo para que las concesionarias gestionen el alta de vehículos 0km sin necesidad de acudir a un registro físico. No obstante, este mecanismo aún no funciona plenamente en todo el país, especialmente en el interior.

El desafío final no es solo crear un ecosistema digital, sino establecerlo como el modo de funcionamiento habitual para usuarios, concesionarios y el propio Estado. La centralización de los legajos inactivos es considerado un movimiento fundamental para tomar el control de la documentación física, condición necesaria para avanzar en la digitalización integral del sistema.