El proyecto de reforma penal juvenil ingresó este lunes a la Cámara de Diputados de la Nación, con un cronograma de tratamiento acelerado: será debatido en comisión el miércoles y pasará al recinto el jueves.

La iniciativa es idéntica a la que obtuvo dictamen en 2025, con la salvedad de que el Gobierno nacional incluyó en su redacción un mecanismo de compensación de fondos entre la Nación y las provincias para su financiamiento.

El proyecto busca bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 13 años. Propone un régimen especial con medidas "socioeducativas y penas alternativas", y elimina la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua para menores, fijando en su lugar una pena máxima de 20 años.

La normativa establece que los adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves podrían recibir penas similares a las de adultos, con condenas máximas de 15 años, aunque con la excepción de no ser alojados en cárceles comunes.

Para delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizan medidas con un enfoque social y educativo, como la libertad asistida y la realización de tareas comunitarias, por encima de la prisión efectiva.

Desde el Ejecutivo Nacional indicaron que la iniciativa busca terminar con la llamada “puerta giratoria” –la permanente entrada y salida de menores en la delincuencia– y condenar delitos cometidos por jóvenes de 16 años que, bajo la ley vigente (22.278), mantendrían impunidad.