Este martes 11 de febrero comenzará la constitución de las comisiones en el Senado de la Nación que tratarán, en el periodo de sesiones extraordinarias, los dos proyectos de ley centrales de la gestión del presidente Javier Milei: el Proyecto de Modernización Laboral y la Ley Penal Juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad.

La Libertad Avanza (LLA) se encuentra en un contexto de negociación y busca consensos con los bloques “dialoguistas” como el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC). Esta búsqueda de acuerdos se da luego de las reuniones que mantuvo el ministro del Interior, Diego Santilli, con gobernadores en los últimos meses.

Los ejes de la reforma laboral

La iniciativa de modernización laboral propone una revisión integral del marco actual. Sus puntos principales incluyen:

• Modificación de las indemnizaciones.

• Creación de un “Fondo de Cese Laboral” mediante convenios colectivos.

• Reducción de contribuciones en las cargas patronales para fomentar la contratación formal.

• Introducción de la figura de “Colaborador Independiente”, un régimen de autonomía sin relación de dependencia tradicional.

• Incorporación de un “Banco de Horas” como sistema de flexibilidad horaria para compensar excesos de jornada.

Los sindicatos han manifestado un fuerte rechazo al proyecto, argumentando que “no sólo no genera puestos de trabajo, sino que impulsa la pérdida de derechos adquiridos”. Han convocado movilizaciones frente al Congreso a partir de este martes.

Los puntos de la Ley Penal Juvenil

El proyecto de Ley Penal Juvenil busca bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 13 años. Propone un régimen especial con medidas ‘socioeducativas y penas alternativas’, eliminando la condena de reclusión perpetua para menores y fijando una pena máxima de 20 años.

El texto establece que los adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves podrían recibir penas similares a las de adultos, con máximas de 15 años o más, aunque sin ser alojados en cárceles comunes. Para delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizarían medidas socioeducativas, libertad asistida y tareas comunitarias por sobre la prisión efectiva.

Según los fundamentos de LLA, la iniciativa pretende terminar con la “puerta giratoria” y sancionar delitos cometidos por menores de 16 años que, bajo la ley vigente (22.278), mantendrían impunidad.