El Gobierno nacional reiteró este jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un pedido para que la ex dirigente social Milagro Sala cumpla su condena por corrupción en un establecimiento penitenciario, en lugar de bajo el régimen de prisión domiciliaria que mantiene desde 2017.

Sala fue condenada por los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas durante su liderazgo en la agrupación Tupac Amaru. A través de un comunicado oficial, la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno argumentó su posición.

El texto señala que “Sala violó las condiciones de prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización del juez. Eso activó el sistema de monitoreo y motivó medidas de control”. Además, el comunicado sostiene que la exdirigente habría calificado las acciones judiciales como “hostigamiento”, en un intento por “revertir la carga de los hechos y fabricar un relato para sostener un privilegio”.

El documento oficial calificó la medida de la CIDH que permite su arresto domiciliario como “un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres”. Asimismo, agregó: “los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar su impunidad, mucho menos cuando se enriquecieron a costa de los ciudadanos de bien”.

La Subsecretaría reafirmó con esta presentación la posición del gobierno del presidente Javier Milei sobre el fin de lo que considera privilegios para personas con sentencias firmes, asegurando que “la República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales”.