La investigación por el femicidio de Érika Antonella Álvarez en Tucumán atravesó una inusual inestabilidad en su conducción, con tres fiscales distintos en menos de un mes. Este cambio sucesivo provocó demoras en decisiones clave, generando fricciones internas y conflictos abiertos entre la Policía, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Ejecutivo provincial.

La inestabilidad impactó directamente en el ritmo de la pesquisa. Según se confirmó, pedidos formales de detención y medidas urgentes de la División Homicidios quedaron en espera durante días, aun cuando los investigadores sostenían contar con elementos suficientes para avanzar. Esto derivó en pérdida de tiempo operativo y dificultades para ejecutar medidas en el momento requerido.

El jefe de la Policía, Joaquín Girvau, expuso públicamente el malestar de la fuerza. Confirmó que se solicitaron detenciones de otras personas además del principal imputado y que esas medidas no fueron autorizadas en el momento pedido. "La Policía va a seguir trabajando porque hay más personas involucradas", afirmó, reconociendo que algunos pedidos fueron rechazados o demorados.

En el caso de la detención de Justina Gordillo, pareja del principal imputado, los investigadores sostuvieron que el pedido estuvo varios días sin resolución, lo que derivó en allanamientos tardíos.

El gobernador Osvaldo Jaldo tomó una posición pública inusual al cuestionar directamente a fiscales y jueces por la falta de celeridad. "El Poder Ejecutivo está haciendo todo lo que tiene que hacer, pero no vemos el mismo acompañamiento en la Justicia", señaló. Jaldo fue explícito al advertir que no aceptará dilaciones injustificadas: "No vamos a permitir que se proteja a nadie. No queremos un nuevo caso Lebbos", afirmó, en referencia al crimen de Paulina Lebbos, símbolo de una investigación fallida en la provincia.

Dentro de ese contexto, quedó bajo cuestionamiento la actuación del fiscal Carlos Picón, quien intervino en una etapa previa. Picón sostuvo públicamente que la fiscalía tenía "evidencia de sobra", aunque admitió que faltaban más pruebas. Sin embargo, algunas medidas solicitadas por la Policía no avanzaron con la rapidez esperada, lo que alimentó las críticas.

La sucesión de fiscales, las demoras y las críticas públicas del gobernador configuraron un escenario de tensión institucional poco frecuente. Mientras la Policía insiste en que hay más sospechosos, el Ejecutivo reclama rapidez y la Justicia defiende la necesidad de cumplir con los tiempos y requisitos procesales, en una causa que mantiene en vilo a la sociedad tucumana.