El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional ha encendido las alarmas en la Casa de Gobierno de Tucumán. El punto de mayor conflicto es la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas, una medida que, de sancionarse, provocaría una fuerte merma en los recursos coparticipables de la provincia.

Según un detallado informe del diputado nacional Guillermo Michel, la reforma implicaría una caída en la recaudación nacional de $3,1 billones (0,3% del PBI). Debido al sistema de Coparticipación Federal, $1,7 billones de ese recorte impactarían directamente en las arcas provinciales.

Para Tucumán, la cifra es crítica: dejaría de percibir $79.536 millones anuales. Este faltante pondría en riesgo el financiamiento de áreas sensibles como salud, educación y seguridad, además del normal funcionamiento del Estado provincial.

Ante este escenario, el gobernador Osvaldo Jaldo se ha alineado con sus pares de Salta y Catamarca para exigir previsibilidad. Si bien Tucumán fue la provincia más beneficiada por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en 2025 —recibió unos $35.000 millones—, ese monto no llega a cubrir ni la mitad de lo que se perdería con la nueva ley. “Sobre la mesa están mecanismos de compensación que permitan sostener los servicios esenciales. El proceso de reformas debe contemplar la realidad fiscal de las provincias”, remarcó el mandatario.

El informe de Michel revela además que el beneficio de la baja de alícuotas es extremadamente concentrado: el 1% de las sociedades explica el 76% de la recaudación de Ganancias, y apenas 144 grandes empresas concentran el 56% del total del tributo.

La negociación en el Congreso se encuentra en un punto clave. El Gobierno nacional sabe que el respaldo en el Senado depende de resolver esta ecuación fiscal. Para Tucumán, el mensaje es claro: no habrá apoyo legislativo sin un esquema que garantice que el costo de la modernización laboral no lo paguen las finanzas provinciales.