Argentina registra una litigiosidad laboral muy superior a la de sus pares regionales, con 23 veces más juicios que Chile y 16 veces más que Brasil. La paradoja es que, mientras los accidentes laborales cayeron un 55% y las muertes un 80% desde 2020, los juicios por riesgos del trabajo crecieron un 200% en el mismo período.

Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en 2025 ingresaron 134.000 demandas por riesgos del trabajo, la cifra más alta de la historia argentina. El stock de estos juicios llegó en septiembre a 317.848 causas, incluso después de que las ART lograran cerrar unas 70.000 demandas.

En comparación internacional, Argentina tiene niveles de cobertura superiores a países como Chile y España e índices de siniestralidad similares, pero una litigiosidad desproporcionada. Por cada 10.000 trabajadores, en España se presentan 8,5 demandas y en Chile 5,8, mientras que en Argentina la cifra asciende a 132,8 demandas. Esto representa entre un 1500% y un 2000% más que sus países vecinos.

“Lo que debería ser excepcional se volvió estructural. A la enorme cantidad de juicios laborales por riesgos del trabajo, se suma otro tanto de juicios laborales por las demás causas como despidos, diferencias salariales y demás cuestiones del derecho individual”, señalaron desde la UART.

El sector también rompió la estacionalidad habitual: en diciembre de 2025 ingresaron más juicios que en noviembre, algo que no ocurría desde hace casi una década, previo a la reforma laboral de 2017.

Según las ART, un factor clave del problema es el incumplimiento de la Ley 27.348, que creó los Cuerpos Médicos Forenses. Esta situación habilita pericias sin control que, afirman, inflan las incapacidades y aumentan el número de causas.

En cuanto a los costos, el 45% del gasto de un juicio queda en intermediarios, como abogados y peritos. Es decir, por cada $1 millón que pagan las ART por demandas, $450.000 se reparten entre estos actores del sistema. Un ejemplo citado es que los honorarios de los peritos se fijan como un porcentaje del monto de la sentencia, lo que incentivaría evaluaciones de incapacidad infladas.

Desde el sector sostienen que esta presión judicial pone en riesgo la sustentabilidad del sistema, que muestra mejoras claras en prevención pero que estaría siendo aprovechado por una dinámica litigiosa desproporcionada. Afirman que corregir estas distorsiones es clave para sostener la protección tanto a trabajadores como a empresas, en un sistema que hoy se encuentra desbordado por una judicialidad que, a su juicio, no refleja la realidad de la prevención ni de la cobertura de los accidentes laborales, ni se ajusta a los estándares internacionales.