Argentina registró la tasa de personas privadas de la libertad más alta de su historia al 31 de diciembre de 2024, según el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), publicado en enero de 2026. El sistema penitenciario registraba en esa fecha 121.443 personas, lo que equivale a una tasa de 258 cada 100.000 habitantes. Cinco provincias superaron ampliamente esa tasa nacional: Córdoba (377 cada 100.000 habitantes), Mendoza (308), Buenos Aires (305), Santa Fe (286) y Salta (267). En los últimos 25 años, la población carcelaria creció a un promedio anual del 6%, con una caída en 2020 por la pandemia. El aumento en 2024 fue del 7,1%. A nivel nacional, el conjunto de los sistemas penitenciarios funciona al 130,2% de su capacidad, lo que implica que hay 130 personas alojadas donde caben 100. En la última década, la cantidad de personas en establecimientos penitenciarios creció un 67,7%. Santa Fe registró el incremento más pronunciado (244,8%), seguida por Santiago del Estero (138,2%) y Córdoba (116,6%). El informe señala que, durante 2024, varias provincias incrementaron la capacidad de alojamiento. “Buena parte de esos nuevos centros penitenciarios recibieron a personas que estaban alojadas en comisarías. Esto generó un aumento del encarcelamiento, pero no logró reducir la cantidad de personas detenidas en el ámbito policial, que apenas se estabilizó”, se indica. El 62,0% de la población carcelaria se encuentra condenada, mientras que el 37,3% permanece procesada sin sentencia definitiva. Neuquén registra el mayor porcentaje de personas condenadas (99,6%). En contraste, Formosa (51%), Córdoba (49%), Buenos Aires (43%) y Misiones (39%) superan la media nacional de personas sin condena. En cuanto a los delitos, el 36,4% de las personas fueron encarceladas por delitos contra la propiedad, el 21,7% por delitos contra las personas y el 20,5% por delitos contra la integridad sexual. El informe también aborda la evolución de los niveles de ocupación por jurisdicción, las características sociodemográficas de la población y la situación de las personas privadas de la libertad por razones de salud mental.