El asesinato de Érika Antonella Álvarez, una joven de 25 años cuyo cuerpo fue hallado en un basural de Manantial Sur, expone una compleja trama que combina consumo problemático de drogas, fiestas privadas y vínculos con el narcotráfico. El caso, considerado uno de los más resonantes de la historia policial reciente de Tucumán, tiene como único imputado a Felipe Sosa, conocido como “El Militar”.

El fiscal Carlos Picón sostiene que, entre el miércoles 7 y el jueves 8 de enero, Sosa golpeó a la víctima hasta causarle la muerte en un domicilio de Yerba Buena, utilizando incluso una maniobra conocida como “toma de león” que habría provocado lesiones cervicales. Según la hipótesis oficial, tras el crimen ató el cuerpo, lo colocó en una bolsa y lo abandonó en el descampado donde fue encontrado. Los investigadores creen que no habría actuado completamente solo.

El perfil de la víctima y su vínculo con el narcotráfico

Érika Álvarez estudiaba Enfermería y atravesaba problemas de adicción. La investigación estableció que participaba en fiestas privadas con consumo de drogas y sexo grupal. En ese contexto aparece la figura de un hombre señalado como su pareja sentimental y sostén económico, un ciudadano paraguayo conocido como “El Mayor”, presuntamente vinculado al narcotráfico y mencionado en causas por tráfico de marihuana.

La Justicia intenta determinar si esa relación fue solo sentimental o si la víctima cumplía otro rol, y si fue el nexo que la conectó con el acusado Sosa.

El acusado: pasado militar y empresario de seguridad

El perfil de Felipe Sosa concentra la atención de la causa. Egresó del Colegio Militar, integró la Legión Extranjera francesa y luego fundó su propia empresa de seguridad privada. No tiene antecedentes penales, pero sí afrontó procesos judiciales por cultivo de marihuana (sobreseído) y violencia de género (sin condena). Recientemente trascendió una denuncia por amenazas de muerte por parte de un ex cuñado.

Durante allanamientos en su empresa, la Policía secuestró vehículos, armas, una caja fuerte y dispositivos electrónicos que son analizados. Sosa declaró estar divorciado, ser padre de dos hijas y en pareja con una empleada judicial. Reconoció encuentros sexuales múltiples y haber consumido drogas con la víctima.

Avances de la investigación

La causa sigue abierta. Se iniciaron pericias genéticas sobre muestras del cuerpo de Álvarez y se analizan teléfonos celulares secuestrados, intentando recuperar información del dispositivo de la víctima, que no fue hallado. El Ministerio Público y la Policía aseguran que se investigarán todas las líneas, incluida la narco, mientras la familia de la joven reclama que no quede ningún cabo suelto.