El avance de la investigación sobre la presunta secta liderada por Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz –acusados de abusos sexuales dentro del ámbito del Senado bonaerense– expone una década de demoras en la acción estatal. La fiscal Betina Lacki, titular de la Unidad Fiscal de Investigación N° 2, formalizó este miércoles el pedido para unificar todas las causas, en un expediente que revela que las acusaciones eran un "secreto a voces" en pasillos políticos desde al menos 2019.

Según la reconstrucción de la investigación, la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, llegó a su cargo en diciembre de 2019 conociendo los rumores sobre los dirigentes del Movimiento Ciudadano La Capitana. En diálogo con este medio, Díaz no desmintió esa fecha y afirmó que, en ese momento, las acusaciones "circulaban como rumor", pero destacó la delicadeza de actuar sin causas penales avanzadas, ya que los abusos a adultos son delitos de instancia privada.

La intervención formal de su cartera se produjo recién en octubre de 2024, cuando una empleada del Senado solicitó auxilio. Desde el Ministerio se le indicó que realizar la denuncia penal era un paso necesario para acceder a medidas de protección, una política cuestionada por algunos espacios de asistencia a víctimas.

El mecanismo de encubrimiento: la "falsa abogada"

La pesquisa judicial identificó a Melina Gaudino como una pieza fundamental para la presunta impunidad de la pareja acusada. Presentándose como abogada –titulo que no poseía–, Gaudino habría engañado a las víctimas, simulando representarlas legalmente y mintiendo sobre el avance de sus casos.

Según el testimonio del abogado Claudio Yacoy, con quien Gaudino decía trabajar, ella inventó intervenciones judiciales que nunca ocurrieron. Gaudino, quien tuvo cargos en el Ministerio de Seguridad hasta fines de 2023 y luego en la Municipalidad de La Plata, fue dada de baja en ambas reparticiones. Su última reinvención fue en marzo de 2025 como responsable de la Unidad de Género de la UTN Regional La Plata, donde también fue presentada como abogada.

Presencia política y orden de alejamiento

Pese a que una orden de alejamiento contra los acusados entró en vigencia en diciembre de 2024 –lo que motivó su apartamiento de sus cargos en el Senado–, Rodríguez y Silva Muñoz continuaron apareciendo en actos públicos de la dirigencia peronista platense durante 2025, incluso compartiendo espacio con sus presuntas víctimas, según testigos.

La ministra Díaz negó cualquier vínculo orgánico entre su espacio político, "Derecho al Futuro", y la agrupación La Capitana, aunque reconoció que los acusados asistían a actos públicos para "sacarse fotos con todo el mundo" en una búsqueda de protección.

La competencia del caso unificado se definirá entre los jueces de garantías Juan Pablo Masi y Pablo Nicolás Raelle. La investigación ahora busca determinar si las fallas de control y las demoras permitieron que una maquinaria de abusos operara durante años ante la pasividad de las instituciones.