El Tribunal de Cuentas (TC) de la Provincia ordenó la detención preventiva de la ejecución de un contrato millonario del Ministerio de Seguridad para el traslado diario de personal penitenciario. La medida, plasmada en el Acuerdo N°8 del 12 de enero, surge tras formular una serie de observaciones jurídicas, contables y presupuestarias que el Ministerio debe subsanar de manera imperativa.

El contrato bajo examen, autorizado por el Decreto Nº 4.009/7 del Poder Ejecutivo del 30 de diciembre de 2025, involucraba una contratación directa por un total de $1.752.000.000 a las firmas MA.LE.BO S.A.S. y BUSCOR SRL. El servicio consistía en el traslado de hasta 422 agentes del Servicio Penitenciario al Complejo Benjamín Paz durante 12 meses, utilizando diez unidades cedidas en comodato por el mismo organismo.

Sin embargo, el Departamento de Contadores Fiscales del TC identificó múltiples inconsistencias. La observación central señala la ausencia de un “Informe de Autoridad Competente sobre la razonabilidad del Monto del Servicio a Contratar”, un requisito fundamental para un gasto de tal magnitud.

El informe técnico también cuestionó la viabilidad operativa del esquema. Cuestionó que la capacidad original de las unidades (32 pasajeros) no satisface la necesidad de trasladar a 422 agentes, y puso en duda la validez de un informe de una licenciada en Seguridad e Higiene para justificar el incremento de pasajeros por vehículo.

Otros puntos observados incluyen:

• La posible ejecución anticipada del servicio, cuyo inicio estaba pactado para el 1° de enero de 2026.

• La falta de la “Planilla de Alta de Bienes Patrimoniales” para las unidades de transporte, un requisito indispensable para el uso de bienes del Estado.

• La falta de fundamentación para el cambio del índice de actualización de precios, que pasó del IPC al Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), sin justificar su impacto económico.

Ante este panorama, el Tribunal de Cuentas –integrado por los vocales Sergio Miguel Díaz Ricci y Marcelo Vidal– requirió formalmente al Ministerio de Seguridad que subsane todas las observaciones. Dejó en claro que “los plazos del presente Control Preventivo no se encuentran corriendo” y advirtió que la repartición debe abstenerse de ejecutar el acto administrativo “hasta tanto este Organismo de Contralor se expida en definitiva”.