El Parlamento Europeo ha remitido este miércoles el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios. La decisión, adoptada con 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, paraliza el proceso de ratificación y podría retrasar la entrada en vigor del pacto hasta dos años.

La votación se produce apenas cuatro días después de la firma del acuerdo, celebrada el pasado sábado en Asunción, Paraguay, tras 26 años de negociación. Con esta moción, el TJUE deberá analizar la base jurídica tanto del Acuerdo de Asociación (EMPA) como del Acuerdo Comercial Interino (ACI). La Eurocámara esperará el dictamen del tribunal antes de someter el texto a votación plenaria.

Entre los aspectos que los eurodiputados solicitan aclarar al tribunal figura el mecanismo de reequilibrio, que permite a los países de Mercosur impugnar legislación europea que consideren perjudicial para sus exportaciones. Existen dudas sobre una posible colisión de esta cláusula con la autonomía reguladora de la UE. También se cuestiona la decisión de la Comisión Europea de dividir el acuerdo en dos partes —una política y otra comercial—, estrategia que facilitó la firma al permitir que la parte comercial avance con una ratificación más ágil, al ser competencia exclusiva de la Unión.

El TJUE estima que este tipo de dictámenes suelen demorar entre 18 y 24 meses, aunque tiene potestad para priorizar el caso. Mientras, la Comisión Europea podría avanzar con la aplicación provisional de la parte comercial si al menos un país del Mercosur completa su proceso de adopción nacional.

Reacciones divididas

La copresidenta del grupo de la Izquierda, Manon Aubry, celebró la decisión y advirtió: “Todo intento del Consejo o de la Comisión por impulsar una aplicación provisional equivaldría a otro escándalo democrático”. En la misma línea, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos calificó el resultado como una “pequeña victoria” que refleja el “sentir de los agricultores y ganaderos europeos”.

Desde el Partido Popular Europeo, el portavoz comercial Jörgen Warborn consideró que la moción responde a motivos “políticos” y es un intento de “bloquear un acuerdo que Europa necesita con urgencia”. Por su parte, la Comisión Europea, a través de su portavoz Olof Gill, lamentó la decisión, argumentando que las cuestiones planteadas “ya han sido abordadas de manera muy profunda” por el Ejecutivo comunitario.

El acuerdo de asociación completo, que incluye disposiciones políticas, requerirá para su entrada en vigor plena la ratificación de los parlamentos nacionales de los veintisiete Estados miembros y de los países del Mercosur.