La Legislatura de Tucumán celebrará la próxima semana su primera sesión extraordinaria del año para debatir dos decretos de necesidad y urgencia (DNU) firmados por el gobernador Osvaldo Jaldo antes del inicio de su licencia, de la cual se reincorporará en los próximos días.

La reactivación del cuerpo fue confirmada este martes tras una reunión entre el vicegobernador Miguel Acevedo, quien estuvo a cargo del Poder Ejecutivo, y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla. “Hemos resuelto que se va a llamar a labor parlamentaria este próximo jueves”, señaló Acevedo, para definir la fecha exacta de la sesión, prevista entre el martes y jueves de la semana próxima.

Los dos decretos en cuestión son el DNU que congela los nombramientos en la Administración Pública provincial y el Decreto Acuerdo que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la exención de presentar el certificado de cumplimiento fiscal para las empresas contratistas del Estado. Mansilla recordó que la Constitución provincial otorga un plazo de veinte días hábiles para el tratamiento de estos instrumentos, que estimó vencen entre el 26 y 28 de febrero.

Beneficio para contratistas y cuestionamientos

El Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N° 1/3 (MEyP), publicado en el Boletín Oficial, suspende por segundo año consecutivo la obligatoriedad del certificado fiscal para empresas que contraten con el Estado. Según sus fundamentos, la medida busca “agilizar los procedimientos de compras y contrataciones” y evitar trabas en un contexto de “apremiante situación económica”. El texto aclara que no impide al Estado exigir el cumplimiento tributario por otras vías.

Sin embargo, el legislador opositor Walter Berarducci anunció que impugnará el decreto, al considerar que el Ejecutivo excedió sus competencias al regular materia tributaria vía DNU. Presentó un proyecto de resolución para rechazarlo, argumentando que elude el debate legislativo.

En respuesta, el fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazzano, defendió la constitucionalidad del instrumento. Aseguró que “no crea ni elimina impuestos”, sino que “exceptúa transitoriamente un requisito administrativo” y “garantiza la continuidad del Estado”.

Congelamiento de designaciones

El segundo decreto, DNU N° 1.113 (MEyP), firmado el 23 de diciembre, dispone el congelamiento de nombramientos y nuevas contrataciones en el Poder Ejecutivo desde el 1 de enero de 2026, por dos años. La medida se enmarca en la prórroga de la emergencia económica.

Las restricciones alcanzan a todos los organismos del Ejecutivo, incluso los autárquicos que requieran asistencia estatal. El decreto establece excepciones para “funciones esenciales”, que deberán ser autorizadas por el Ministerio de Economía. También habilita la reasignación transitoria de agentes y establece que cualquier mejora salarial que implique nuevos conceptos requerirá autorización previa del Poder Ejecutivo.

Mansilla, consultado sobre el futuro parlamentario de los decretos, fue cauto: “Todo depende de lo que pase en el cuerpo. La idea es tratarlos en sesión y, obviamente, desde el oficialismo vamos a querer ratificarlos. Habrá otras opiniones que se debatirán democráticamente en la Cámara”.