En un contexto marcado por el debate sobre la apertura económica y el reciente cierre de la fábrica de electrodomésticos Whirlpool, el Gobierno nacional inició una investigación para determinar el posible ingreso de lavarropas desde China a precios por debajo de sus costos de producción, una práctica conocida como "dumping".

Mediante la Resolución 10/2026 del Ministerio de Economía, la Secretaría de Industria y Comercio decidió acceder al reclamo presentado por la empresa argentina Drean S.A., que denunció la posible existencia de esta práctica desleal de comercio internacional por parte de importadores del gigante asiático.

La investigación, que según la normativa se basa en expedientes analizados por los organismos técnicos de Economía, busca determinar si las operaciones comerciales con lavarropas chinos representan una amenaza concreta para los fabricantes locales de electrodomésticos.

El foco del proceso se centra específicamente en las máquinas de lavar ropa automáticas con capacidad de hasta 13 kilogramos, excluyendo de la indagatoria a aquellos modelos que poseen sistema de secado por calor o que funcionan con fichas.

La Comisión Nacional de Comercio Exterior determinó que existen pruebas suficientes que respaldan la existencia de una amenaza de daño a la producción nacional debido al ingreso de estos productos. La solicitud de Drean S.A. fue considerada conforme, ya que la firma “cumple con los requisitos de representatividad del sector industrial argentino”.

Los informes preliminares de la cartera económica detectaron un margen de dumping promedio del 10,43% en las operaciones de exportación desde China hacia Argentina. Los datos oficiales indican, además, que las importaciones de lavarropas de origen chino aumentaron un 590% en volumen durante los primeros nueve meses de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior.

Según los registros, estos productos ingresaron al mercado argentino con precios nacionalizados inferiores a los de la producción nacional.

El período bajo investigación para recopilar datos sobre el presunto dumping abarca desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025. Paralelamente, el análisis del posible daño a la industria local considerará la evolución del mercado desde enero de 2022 hasta septiembre de 2025.

Las partes interesadas, tanto importadoras como productoras, cuentan con un plazo de 30 días corridos para presentar sus pruebas y completar los cuestionarios correspondientes ante las autoridades a cargo de la investigación.