Una veintena de organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales reclamaron al Congreso Nacional la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reforma la ley de Inteligencia, al advertir que “debilita los controles democráticos” y habilita prácticas que consideran un retroceso institucional.

La postura está plasmada en un documento firmado por Amnistía Internacional Argentina, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Poder Ciudadano, Fundación Vía Libre y la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), entre otras entidades.

Las organizaciones señalaron que el decreto “es grave” porque “habilita vigilancia masiva, concentra más poder en la SIDE y debilita los controles democráticos”. En particular, cuestionaron que, por primera vez en democracia, la Secretaría de Inteligencia (SIDE) pueda proceder a la “aprehensión” de personas “sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial”.

“Esto deja habilitado el camino a detenciones arbitrarias, a la persecución y a la intimidación. Es transformar a los servicios de inteligencia en una especie de policía secreta y sin control”, expresaron en el documento.

Otro punto criticado es la obligación que impone el DNU a más de 15 organismos públicos de compartir datos personales con la SIDE, “sin establecer procedimientos concretos ni mecanismos de control”. Según las ONGs, esto se convierte en “una herramienta para realizar vigilancia masiva” y aumenta el riesgo de filtraciones de información.

Además, rechazaron que el decreto establezca que todas las actividades de inteligencia son “encubiertas por definición”, lo que, a su juicio, impide que las personas sepan si están siendo investigadas y frustra eventuales reclamos por abusos.

Un aspecto especialmente cuestionado es la habilitación para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de inteligencia sobre “organizaciones no estatales”. Las organizaciones sostuvieron que esto representa “un retroceso histórico peligroso”, ya que “durante décadas, Argentina trabajó para separar claramente defensa de seguridad interna”, una lección aprendida de la última dictadura militar.

“Advertimos que se trata de un DNU manifiestamente inconstitucional, que amplía la discrecionalidad estatal y habilita prácticas que creíamos superadas. El Congreso debe rechazarlo”, concluyeron las entidades firmantes.

El Gobierno dictó el DNU 941-2025 el 31 de diciembre de 2025, introduciendo cambios profundos en la ley de inteligencia. La oposición parlamentaria busca reunir los votos necesarios para anular la medida una vez que sea formalmente remitida al Congreso para su tratamiento.