La administración internacional de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presenta un entramado de movimientos financieros opacos, con transferencias por decenas de millones de dólares a sociedades en Estados Unidos que carecen de actividad comercial declarada. Según una investigación periodística, al menos USD 42 millones distribuidos desde la cuenta de la AFA en ese país llegaron a cuatro empresas (LLC) registradas en Florida que no tienen empleados.

Estas operaciones forman parte de un circuito bancario global que, en cuatro años, canalizó más de USD 260 millones, sin una trazabilidad clara sobre el destino final de los fondos o la identidad de sus beneficiarios reales. La pieza central de esta estructura es TourProdEnter LLC, una firma fundada en Florida en agosto de 2021 que, meses después, se convirtió en el agente comercial exclusivo de la AFA en el extranjero por decisión del comité ejecutivo presidido por Claudio “Chiqui” Tapia.

Según registros bancarios confidenciales, TourProdEnter LLC manejó los fondos a través de cuentas en Bank of America (USD 146 millones), Synovus (USD 72,4 millones), Citibank (USD 41 millones) y JP Morgan. Sus ingresos provenían mayormente de sponsors como Adidas –que transfirió USD 78,6 millones–, de Argentina Football Distribution (AFA Play) y de Reporter Broadcasting Company.

No obstante, una parte significativa de ese flujo, cercana a los USD 110 millones, tuvo como destino a Adcap Uruguay Agente de Valores, que actuó como intermediario en operaciones de cambio de bonos pasando por jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas y Argentina. Portavoces de Adcap Uruguay afirmaron que sus transacciones fueron regulares y que los fondos, tras liquidar bonos, se transferían a cuentas de la AFA en bancos argentinos.

Los USD 42 millones en cuestión se depositaron en cuatro sociedades de responsabilidad limitada en Florida: Soagu Services LLC (USD 10,8 millones), Marmasch LLC (USD 13,4 millones), Velp LLC (USD 3 millones) y Velpasalt LLC (USD 14,7 millones). Estas empresas no registran empleados ni actividad comercial y presentan características de “sociedades fantasma”.

Los titulares de estas LLC son personas con domicilio en Bariloche, Argentina, cuyos perfiles contrastan con el manejo de sumas millonarias. Entre ellos se encuentran beneficiarios de vivienda social, empleados en pequeños comercios y personas con importantes deudas en el sistema financiero. Por ejemplo, Javier Alejandro Ojeda Jara (asociado a Soagu Services LLC) enfrenta deudas millonarias y trabaja en una farmacia. Roberto Salice, vinculado a Velpasalt LLC, fue declarado en quiebra en 2019 bajo sospecha de fraude. Al ser consultado, Salice negó vínculos con TourProdEnter LLC y dijo que su papel era solo el de “manager”.

Las direcciones registradas en Miami para estas sociedades corresponden a servicios de “oficina virtual” en alquiler temporal. Dos de las firmas utilizaron como agente registrador a Registered Agents Inc., una empresa señalada en investigaciones internacionales por facilitar estructuras societarias opacas.

En los balances oficiales de la AFA presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ), TourProdEnter LLC aparece mencionada por primera vez en junio de 2024 como deudora, con un saldo pendiente equivalente a unos USD 14,5 millones. Hasta entonces, la AFA agrupaba a sus deudores bajo categorías genéricas, lo que impedía identificar a los actores individuales. Autoridades de la IGJ han advertido que la falta de desagregación en estos documentos obstaculiza su interpretación legal y pública.

Dentro de la AFA, Tapia y su equipo han defendido la gestión financiera, justificando la operatoria internacional como una respuesta al cepo cambiario vigente en Argentina. Sin embargo, la ausencia de transparencia sobre la trazabilidad de los fondos y los beneficiarios finales mantiene abiertos los interrogantes sobre la integridad del sistema.

Este entramado financiero se cruza con una investigación penal separada en Argentina por presunto lavado de dinero, centrada en una mansión en Villa Rosa, Pilar, cuyo caso avanza este mismo lunes con las declaraciones de los presuntos testaferros Luciano Pantano y Ana Conte ante el juez federal Marcelo Aguinsky.