Contrario a lo que podría esperarse tras una victoria electoral contundente, el oficialismo tucumano atraviesa uno de sus momentos más incómodos en la relación entre el gobernador Osvaldo Jaldo y su vicegobernador, Miguel Acevedo, según pudo reconstruir esta agencia.

La convivencia entre ambos mandatarios, descrita por fuentes oficialistas como respetuosa pero nunca cercana, se deterioró notablemente tras el armado de las listas de diputados nacionales de este año, particularmente por el rechazo inicial de Acevedo a encabezar la nómina. Sin embargo, el punto de quiebre definitivo llegó con los resultados electorales del 26 de octubre y sus consecuencias.

Desde la Casa de Gobierno responsabilizaron al presidente de la Legislatura por los flacos resultados en San Miguel de Tucumán y cuestionan que haya cobijado a dirigentes que -según la visión jaldista- "jugaron a media máquina", entre los que nombran a los hermanos Pablo y Gabriel Yedlin o al legislador Christian Rodríguez.

El conflicto se intensificó cuando Acevedo retomó con impulso unilateral la iniciativa para modificar las normas electorales provinciales, promoviendo la reducción de acoples y la aplicación de la Boleta Única Electrónica. Este movimiento generó reacciones inmediatas: el ministro del Interior, Darío Monteros, y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, ambos representantes del "interior" provincial, plantearon directamente a Jaldo su resistencia a la reforma, argumentando que resultaba innecesaria tras obtener 530.000 votos.

La reunión entre Jaldo y Acevedo del martes pasado, oficialmente dedicada al proyecto de Presupuesto 2026, tuvo como tema central la reforma política. Según versiones legislativas, el vicegobernador buscó conocer la postura del mandatario sobre los cambios electorales.

Como resultado de estas tensiones, la "gran reforma electoral" se habría transformado en lo que internamente llaman una "reformita". Fuentes oficiales indican que no cuaja en el Ejecutivo el entusiasmo de Acevedo por la Boleta Electrónica, proyectándose a lo sumo una prueba piloto mínima en 2027. Tampoco se visualiza una reducción drástica de colectoras, enfrentando resistencia del interior provincial donde piden que se dupliquen los acoples permitidos respecto del número de bancas locales.

La advertencia que resume la posición opositora a los cambios es coloquial pero contundente: "para qué vamos a pegarnos un tiro en el pie".

El presupuesto provincial se sumó a los temas de fricción. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo contempla una reducción de los fondos previstos para el Legislativo -del 3,94% al 3,68%- interpretada en ámbitos legislativos como un intento por limitar el margen de maniobra del vicegobernador y del sector peronista menos alineado con Jaldo.

Un último punto de conflicto potencial es el futuro político de la legisladora Sandra Figueroa, procesada por lavado de activos. Mientras la Casa de Gobierno reclama medidas disciplinarias directas como la expulsión, Acevedo y otros referentes justicialistas nunca estuvieron de acuerdo ni siquiera con la intervención del municipio que ordenó Jaldo.

Lejos de la pacificación esperada tras los comicios, las elecciones de medio término dispararon varias alertas en el tablero del oficialismo tucumano, cuyo desafío inmediato será evitar que las luces amarillas se transformen en rojas.