La última tanda de acuerdos emitidos por el Tribunal de Cuentas de Tucumán dejó al descubierto una extensa red de comunas rurales con fondos sin justificar, rendiciones atrasadas y responsables políticos —actuales y ex— que deberán enfrentar sumarios y juicios de cuentas por millones de pesos que no aparecen documentados. Un patrón que se repite, se expande y se agrava.

Desde los Valles hasta el Este, los acuerdos revelan que la administración de recursos públicos en varias comunas presenta desorden estructural, irregularidades crónicas y mecanismos de control que, en muchos casos, llegan demasiado tarde.

A continuación, una radiografía precisa de los casos más relevantes.

Santa Lucía: el foco más caliente y tres procesos simultáneos

Santa Lucía se ha convertido en el epicentro del mayor combo de observaciones. En solo una semana, el Tribunal dictó tres acuerdos distintos sobre esta comuna, abarcando períodos que van desde 2021 hasta 2024.

• Un Juicio de Cuentas contra el excomisionado Roberto Barrera y su exsecretario Manuel Vega por no regularizar un Comprobante de Observación de 2021 por $2,5 millones.
• Un Sumario de Cuentas por dos comprobantes del 2024 que totalizan más de $31 millones sin documentación suficiente.
• Otro Sumario por el segundo bimestre de 2022 por $2,5 millones más.

La acumulación interanual de observaciones convierte a Santa Lucía en un caso paradigmático, ya que involucra a tres gestiones, un mismo problema y rendiciones que no cierran.

Soldado Maldonado: dos sumarios y casi $60 millones bajo la lupa

Otra comuna con serios señalamientos es Soldado Maldonado, donde el Tribunal abrió dos sumarios distintos sobre fondos del 2023:

• $36,8 millones del sexto bimestre.
• $23,8 millones del cuarto bimestre.

Los procesos apuntan directamente a la gestión de aquel año. El volumen de fondos sin regularizar y la repetición de observaciones hacen que el caso escale en relevancia provincial.

El Mollar: casi $90 millones intimados en 48 horas

El Tribunal también emitió una conminatoria hacia el comisionado Jorge Sebastián Cruz y su secretaria Vera Olartes Medina por dos comprobantes del 2023 que suman más de $89 millones.

La intimación les da apenas 48 horas para presentar toda la documentación faltante. El monto y el plazo crean una situación límite para la comuna, que deberá justificar gastos millonarios ejecutados hace casi dos años.

Santa Ana: dos comprobantes por más de $60 millones sin regularizar

Otra comuna con observaciones significativas es Santa Ana, donde se intimó al comisionado Sergio Romano a regularizar dos comprobantes de 2024 que suman $59,9 millones.

Los montos, además de ser altos, corresponden a un año reciente, lo que abre interrogantes sobre la gestión actual y su capacidad administrativa.

León Rougés y Santa Rosa: sumario por $45 millones

En esta comuna, el Tribunal continuó un sumario iniciado previamente por un comprobante del primer bimestre de 2024, con un saldo observado de $44,9 millones.

Sin descargo suficiente, el proceso vuelve a cargar responsabilidades sobre autoridades que deben justificar qué ocurrió con casi 45 millones.

Los Pérez, Los Pereyra, San José de La Cocha y otras comunas con casos abiertos

La lista de comunas observadas es extensa y muestra un problema provincial, no casos aislados.

• Los Pérez: sumario por $16 millones sin documentar (3° bimestre 2024).
• Los Pereyra: sumario por $4,4 millones (1° bimestre 2024).
• San José de La Cocha: conminatoria e incluso sumarios por fondos de 2022 y 2024.
• San Ignacio: sumarios, aunque por montos menores, también en 2024.
• Villa de Leales, Huasa Pampa, San Pedro de Colalao: juicios de cuentas activos contra exautoridades por comprobantes de 2021, varios de ellos sin resolución desde hace años.

El mapa provincial muestra algo más profundo que simples retrasos, también expone un entramado de debilidades administrativas, registros incompletos y prácticas reiteradas que comprometen el uso de fondos públicos en varias jurisdicciones.

Un patrón que se repite: burocracia débil, controles tardíos y millones que no se explican

Los acuerdos del Tribunal dejan una conclusión clara sobre las comunas rurales, las cuales son el eslabón más vulnerable del sistema de administración pública provincial.

Los problemas se repiten:

• Comprobantes sin documentación respaldatoria.
• Fondos entregados y no rendidos en tiempo y forma.
• Sumarios que avanzan entre distintas gestiones.
• Intimaciones por montos millonarios que deben justificarse en 48 horas.
• Juicios de Cuentas que involucran a autoridades actuales y anteriores.

Más allá de las responsabilidades individuales, la magnitud del problema plantea una pregunta más profunda: ¿Cómo se controlan los recursos públicos en las comunas? ¿Y qué garantías tiene la ciudadanía respecto a su uso?

Un desafío político y administrativo para el Gobierno provincial

En un contexto económico delicado, donde cada peso del Estado es discutido y revisado, los casos detectados en las comunas rurales representan un potencial conflicto político y social ya que ponen en cuestión la transparencia y capacidad de gestión de autoridades locales, destapan la fragilidad administrativa en territorios clave y revelan un uso del dinero público que no siempre está documentado.

Además, la multiplicación de sumarios abre un frente complejo. ¿Hay capacidad institucional para controlar, sancionar y evitar que estos episodios se repitan?

La radiografía es clara y contundente: decenas de millones de pesos ejecutados en pueblos y parajes rurales de Tucumán hoy no tienen respaldo suficiente, según el propio Tribunal de Cuentas.

El informe no solo exhibe fallas administrativas. Expone desigualdades estructurales, falta de profesionalización y zonas grises donde la corrupción y el clientelismo pueden prosperar.

La discusión debería ser no solo legal o administrativa, sino política. Se debe discutir cómo controlar mejor, cómo gestionar mejor y cómo garantizar que el dinero público llegue realmente a quienes a todos los tucumanos.