La presencia de la legisladora Sandra Figueroa en una reunión oficial encabezada por el vicegobernador Miguel Acevedo generó sorpresa en los pasillos de la Legislatura tucumana, dado que la parlamentaria se encuentra formalmente con licencia de su banca tras ser procesada por la Justicia Federal el mes pasado.

Figueroa fue procesada bajo los cargos de lavado de activos, confabulación con el narcotráfico y asociación ilícita. Según fuentes legislativas consultadas, la ex intendente de Juan Bautista Alberdi mantiene vigente su licencia y no ha retomado oficialmente sus funciones parlamentarias, ya que se encuentra preparando su defensa judicial.

La parlamentaria fue procesada junto a su esposo, el ex intendente Luis Campos, y a otros ex funcionarios municipales, tras una investigación que derivó de audios comprometedores en los que se habría discutido la presunta comercialización de drogas en Alberdi. El caso, instruido por el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz y supervisado por el juez José Manuel Díaz Vélez, llevó al procesamiento y embargo de bienes por un total de $1.400 millones para todos los implicados.

Voceros del cuerpo legislativo explicaron que la presencia de Figueroa en la reunión convocada por el vicegobernador Acevedo -destinada a debatir aspectos de la reforma política provincial junto a ex intendentes- obedeció a que se buscaba "la representación de todos los municipios" y que su participación fue exclusivamente institucional, en calidad de ex jefa comunal de Alberdi.

Desde el entorno legislativo aclararon que Figueroa no participará de la sesión convocada para el jueves 13, dado que continúa formalmente en uso de licencia. La legisladora había presentado su pedido de licencia el jueves 9 de octubre, argumentando ante las autoridades de la Cámara que el objetivo era "colaborar con la Justicia y aclarar su situación de manera transparente".

El expediente por presunto lavado de dinero y narcotráfico en Alberdi constituye uno de los procesos de corrupción más resonantes de los últimos años en el sur tucumano y mantiene bajo observación a una red política y empresarial que, según la investigación, habría operado de manera sistemática durante la gestión municipal de Campos y Figueroa. La causa judicial en su contra permanece en etapa de instrucción, con nuevas medidas de prueba solicitadas por la fiscalía federal.