El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán impuso sanciones patrimoniales a los responsables de las comunas rurales de Sargento Moya y Choromoro por no haber rendido cuenta de fondos públicos durante sus gestiones. Mediante los Acuerdos N° 5057 y 5055 del 4 de noviembre, el organismo ordenó a los funcionarios involucrados devolver de sus bolsillos más de $30 millones en conjunto, sumas que serán actualizadas hasta su efectivo pago.

En el caso de Sargento Moya, se declaró responsable a Sergio René Díaz, comisionado comunal, y a Isabel Alejandra Paz, secretaria habilitada, por no justificar $14.497.871,69 correspondientes al primer bimestre de 2023. El Tribunal confirmó que, pese a las notificaciones y oportunidades otorgadas, los funcionarios no presentaron documentación suficiente que respaldara los gastos observados.

Por su parte, la Comuna Rural de Choromoro fue sancionada mediante la responsabilidad patrimonial de la exdelegada comunal, María Olga Díaz, y su exsecretario habilitado, Francisco Gonzalo Velardez, quienes deberán reintegrar $15.512.966,35 por la falta de rendición de fondos del sexto bimestre de 2020. En este expediente, se verificó la omisión en la presentación de certificados de normal funcionamiento de cooperistas con los que la comuna había contratado servicios.

Las resoluciones, firmadas por los vocales Sergio Miguel Díaz Ricci y Marcelo Vidal en ausencia del presidente Miguel Chaiben Terraf, instruyeron a la Fiscalía del organismo a proceder con la ejecución de los cargos si los responsables no cumplen con las devoluciones dispuestas. El Tribunal destacó que en ambos casos se respetó el debido proceso, pero la falta de regularización de las observaciones motivó las sanciones.

Contexto político y otros casos bajo escrutinio

Estas sanciones se producen en un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión de las comunas rurales tucumanas. Uno de los casos más destacados es el de la comuna de Las Cejas, cuya delegada, Cristina Contreras, enfrentará juicio oral en 2026 por presunta retención indebida de haberes a empleados públicos, mientras el Tribunal de Cuentas investiga la posible utilización de fondos comunales para la construcción de una vivienda particular.

La situación adquiere relevancia política al detectarse que decenas de delegados comunales figuran como aportantes del oficialista Frente Tucumán Primero en los comicios legislativos del 26 de octubre. Incluso Contreras aparece en los registros de la Cámara Nacional Electoral con un aporte de $200.000 a la lista que encabezó simbólicamente el gobernador Osvaldo Jaldo.