La ausencia de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en la audiencia de conciliación obligatoria celebrada hoy en la Secretaría de Trabajo de la Provincia determinó el fracaso de la mediación y llevó a que las empresas de transporte urbano ratificaran las suspensiones de empleados, mientras el gremio de UTA adelantó posibles medidas de fuerza.

La comuna capitalina, a pesar de haber sido notificada formalmente, se excusó de participar mediante un escrito de la Fiscalía Municipal en el que cuestionó la competencia de la Secretaría de Trabajo provincial para intervenir en el conflicto. En el documento, la Municipalidad reconoció la "importancia trascendental" del servicio de transporte público, pero fundamentó su decisión en que la Ley 5.650 limita la competencia de la Secretaría a conflictos en establecimientos privados u organismos del Estado Provincial.

La no participación municipal fue determinante en el desarrollo de la audiencia. Los representantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) lamentaron esta decisión y, ante la falta de una contraparte esencial en la negociación, declararon que "no les quedaba otra alternativa" que ratificar las suspensiones rotativas de trabajadores.

Por su parte, César González, de UTA Seccional Tucumán, manifestó el "absoluto rechazo" del gremio a la medida empresarial y negó las causas esgrimidas para justificar las suspensiones. La organización sindical solicitó la reserva de las acciones pertinentes, dejando abierta la posibilidad de adoptar medidas de fuerza.

En su fundamentación, la Municipalidad especificó que no es empleadora de los trabajadores de las empresas concesionarias y que la relación jurídica-administrativa se establece entre el Municipio como concedente y la empresa como prestataria. Además, remarcó que la resolución de fondo del conflicto requiere necesariamente la intervención del Concejo Deliberante, órgano al que las empresas elevan sus reclamos relacionados con costos de explotación y tarifas.