El conflicto entre la Municipalidad de la Capital, liderada por Rossana Chahla, y los empresarios del transporte de pasajeros ingresó en una fase crítica tras la respuesta oficial del viernes, que calificó los reclamos del sector como “falaces, improcedentes y maliciosos” e intimó a cesar lo que considera un comportamiento “extorsivo”.

La pulseada se agudizó después de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Al día siguiente, la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AETAT) envió una nota responsabilizando a las autoridades políticas por la crisis del sector y advirtiendo sobre un colapso inminente, al tiempo que solicitaba una reunión urgente para implementar un nuevo modelo de financiamiento basado en el kilómetro recorrido y no en el pasaje vendido.

La réplica municipal, firmada por el fiscal Conrado Mosqueira, fue contundente. Señaló que el escrito de la AETAT antecedió a una “amenaza de cese inmediato del servicio” si no se proveía un subsidio de $2.000 millones, lo que motivó la advertencia de una denuncia penal por el delito de extorsión.

En su defensa, la Municipalidad sostuvo que la facultad de fijar tarifas es competencia exclusiva del Concejo Deliberante, según el marco normativo vigente, y recordó que la propia AETAT había manifestado en agosto que no reclamaría un aumento tarifario para “no expulsar más usuarios”. El Ejecutivo consideró “contradictorio y malicioso” que ahora la asociación denuncie la falta de ajuste.

Asimismo, el municipio contraargumentó que el sistema padece una “crisis estructural de eficiencia, frecuencia y calidad”, con incumplimiento de recorridos, demoras excesivas y deficiencias en higiene y seguridad de las unidades, lo cual vulnera los derechos del usuario. Señaló que el auge de las plataformas digitales de movilidad es una respuesta espontánea a este servicio insatisfactorio.

Respecto al sistema SUBE, la Municipalidad destacó su avance en transparencia y eficiencia, y desestimó que los programas como el Boleto Educativo Municipal (BEM) tengan fines políticos. Sobre el régimen jurídico de las concesiones, afirmó que se trata de una condición heredada que no ha impedido a las empresas renovar unidades o ampliar flotas, aunque la calidad del servicio siga siendo deficitaria.

Finalmente, la Fiscalía Municipal objetó la propuesta de financiamiento por kilómetro por carecer de especificaciones sobre parámetros, montos y formas de aplicación.

La respuesta oficial impactó en la AETAT, que tiene previsto presentar su contestación formal este lunes. Fuentes del sector adelantaron que esta semana el conflicto podría agravarse con suspensiones y reducción de frecuencias para evitar el colapso del sistema.