Luego de los comicios legislativos nacionales, la provincia de Tucumán reactivó el debate por una reforma política que regule el sistema electoral, con foco en la figura de los "acoples" que ha generado controversia desde las problemáticas elecciones de 2015.

El gobernador Osvaldo Jaldo y su vice, Miguel Acevedo -presidente de la Legislatura-, han insistido en que la norma reformadora debe sancionarse antes de fin de año para aportar transparencia y orden al sistema electoral.

En este contexto, la legisladora justicialista Carolina Vargas Aignasse presentó un proyecto que busca regular -no eliminar- los acoples electorales. La iniciativa establece que solo podrán celebrar estos acuerdos aquellos partidos que hayan participado en al menos dos de las tres elecciones provinciales consecutivas anteriores, ya sea con candidatos propios o como parte de una alianza.

En los fundamentos de su propuesta, Vargas Aignasse describe los "serios inconvenientes" del sistema actual: "La proliferación de partidos políticos y los acuerdos electorales entre ellos han derivado en un verdadero problema operativo y logístico en los centros de votación, donde la sobreoferta electoral genera caos, confusión y desorden tanto para los electores como para las autoridades".

La legisladora reconoce que eliminar completamente los acoples resulta "prácticamente inviable" porque el inciso 12 del artículo 43 de la Constitución provincial consagra explícitamente este derecho organizativo. En cambio, propone una reglamentación "jurídicamente posible y políticamente necesaria", inspirada en estándares nacionales e internacionales que miden la "representatividad real" de las fuerzas políticas.

El proyecto argumenta que el requisito de trayectoria electoral "evidencia una mínima trayectoria y compromiso político con el sistema democrático" sin restringir el derecho de las personas a postularse como candidatos ni cercenar la creación de nuevos partidos.

Desde el oficialismo se argumenta que la eliminación total de los acoples privaría al partido gobernante de ventajas estratégicas clave, incluyendo alianzas tácticas para amplificar votos y acceso a recursos institucionales para campañas.

La iniciativa se presenta como una solución intermedia que busca "reducir la cantidad de acoples, pero hacerlo de una manera compatible con el orden constitucional", prometiendo "ordenar el sistema electoral tucumano, fortaleciendo la transparencia y la gobernabilidad".