Con el respaldo electoral obtenido en los comicios del pasado domingo, el Gobierno avanza en la agenda de reformas estructurales y retoma el proyecto de ley laboral que había sido presentado a fines de 2024, impulsado por la diputada nacional Romina Diez bajo el título de "Ley de Promoción de Inversiones y Empleo".

La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento de un grupo de legisladores de distintos bloques, propone una serie de modificaciones sustanciales a la legislación laboral vigente, siguiendo los lineamientos de la Ley Bases. El texto apunta a "institucionalizar un modelo en términos económicos que modifique, actualice y mejore las condiciones que regulan la relación entre empleador y el empleado".

Entre los cambios más significativos se encuentra la redefinición del principio de irrenunciabilidad de derechos y la ampliación de las facultades del empleador para modificar las formas y modalidades del trabajo. Se establece que el empleador podrá introducir cambios en la prestación laboral siempre que no resulten irrazonables ni alteren aspectos esenciales del contrato, manteniendo el derecho del trabajador a considerarse despedido sin causa si se vulneran estos límites.

En materia de beneficios sociales, el proyecto detalla una lista de prestaciones no remunerativas que incluyen la provisión de almuerzos, útiles escolares, servicios de telefonía móvil y acceso a internet para el trabajador y su familia, aclarando que estos beneficios no integran la remuneración salvo excepciones expresamente previstas.

Respecto al régimen de vacaciones, se flexibiliza la época de otorgamiento y se permite la fragmentación en períodos no menores a una semana, garantizando que cada trabajador pueda gozar de sus vacaciones en temporada de verano al menos una vez cada dos años, salvo que opte en contrario.

El texto incorpora la posibilidad de que las convenciones colectivas de trabajo establezcan regímenes adaptados a los cambios en las modalidades de producción, incluyendo la gestión de horas extras, bancos de horas y francos compensatorios, siempre respetando un mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas.

En el capítulo de licencias por enfermedad, se mantienen los plazos de tres o seis meses de remuneración según la antigüedad, y se introduce un procedimiento para la verificación de certificados médicos a través de la Secretaría de Trabajo.

Uno de los aspectos más relevantes es la creación de un sistema de bonos de crédito fiscal para empleadores que inicien nuevas relaciones laborales en los primeros 18 meses de vigencia de la ley, con porcentajes que varían según el tamaño de la empresa: 100% para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para el resto.

El proyecto también establece que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan abonar el total de una indemnización en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas, y modifica el régimen de intereses en créditos laborales, limitando el pacto de cuota litis en juicios laborales al veinte por ciento.

La iniciativa cuenta con el respaldo de legisladores como Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, José Luis Espert -en uso de licencia-, Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Guillermo Montenegro, Bertie Benegas Lynch, Manuel Quintar, Lisandro Almirón, Carlos Zapata, Nadia Márquez y Facundo Correa Llano.