En el marco del 30° aniversario de la Defensoría del Pueblo de Tucumán, el vicegobernador Miguel Acevedo encabezó un acto conmemorativo donde resaltó el rol fundamental del organismo como garante de los derechos ciudadanos frente a posibles abusos del Estado, empresas o sectores de poder económico.

El evento, realizado en el Teatro Orestes Caviglia, reunió a autoridades provinciales como el defensor del pueblo Eduardo Cobos, el ministro de Gobierno y Justicia Regino Amado, legisladores y ex titulares de la institución. Durante la ceremonia, se reconoció la trayectoria de empleados con 10 y 20 años de servicio y se repasó la historia de una entidad creada en 1995 mediante la Ley Nº 6.644.

“El trabajo de la Defensoría del Pueblo tiene un valor enorme en tiempos donde los derechos están siendo avasallados”, afirmó Acevedo, quien subrayó la importancia de contar con instituciones que protejan a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables. Destacó acciones concretas de la Defensoría, como la mejora en la atención bancaria a jubilados y la protección a personas electrodependientes, y reiteró el compromiso del Poder Legislativo para acompañar con leyes que fortalezcan estos mecanismos.

Por su parte, el defensor del pueblo Eduardo Cobos enfatizó la evolución del organismo hacia un modelo más proactivo: “Ya no somos solo un libro de quejas; hoy tomamos los casos hasta que se resuelven”. Entre los logros recientes, mencionó la ampliación de subsidios nacionales, la extensión de redes eléctricas en el interior provincial y las acciones judiciales que garantizaron equipos de energía alternativa para electrodependientes.

Cobos advirtió, no obstante, que el contexto actual plantea desafíos adicionales: “Cuando se eliminan programas o beneficios nacionales, las defensorías deben trabajar tres veces más. Nuestro objetivo sigue siendo igualar servicios e igualar derechos para todos los tucumanos”.

El acto cerró con un reconocimiento a los trabajadores de la institución, destacándose su labor diaria en la defensa de los intereses legítimos de la comunidad.